Un aspirante a colaborador eficaz y dos allegados de la empresaria Sada Goray, implicada en una millonaria red de sobornos, han dado detalles a la Fiscalía sobre el entramado de corrupción en el que habría participado el congresista Darwin Espinoza (expulsado de Acción Popular), según los testimonios revelados este domingo por Perú21.
Dianita Bances, empleada doméstica de Goray, narró que el 17 de diciembre de 2021, fue ella quien entregó 15,500 dólares en dos sobres al legislador y su esposa, Bélgica Arangoitia, en la casa de la empresaria. Otro testigo, el abogado de confianza de Goray, Ítalo Arbulú, también confirmó la entrega del soborno.
Según su testimonio, él vio a Espinoza y su esposa recibir los sobres de dinero, que serían destinados a impulsar un decreto en el Ministerio de Vivienda para evitar la reducción del bono de vivienda social, el mismo que fue firmado poco después, el 23 de diciembre de 2021.
El diario también reveló imágenes de un viaje a Punta Cana en 2022, donde se ve Goray, Espinoza y su esposa disfrutar del mar caribeño. Las investigaciones han recogido que la empresaria financió el viaje, incluido los pasajes aéreos y el alojamiento en un hotel de lujo.
A pesar de las implicancias, Espinoza negó recibido dinero en la casa de la empresaria, aunque confirmó el encuentro playero. “Es una bajeza que estén involucrando y haciendo daño a mi esposa”, expresó. Aclaró, de igual modo, que no tiene influencia sobre la promulgación de decretos en la cartera de Vivienda.
“Me llama la atención que todos los testigos sean trabajadores de confianza de la señora Sada”, subrayó. En cuanto al viaje a Punta Cana, admitió haber estado en República Dominicana con su esposa, pero explicó que se trató de una coincidencia. “Fue pura casualidad”, afirmó al negar que Goray haya financiado su paseo.
De acuerdo con su versión, él organizó el viaje con la ayuda de dos amigos cercanos como regalo de cumpleaños para su esposa y, durante el viaje, se encontró con Goray en un paseo en catamarán, donde conversaron brevemente sobre un proyecto inmobiliario de su compañía Marka Group. “Hablar de lo que hace mi trabajo como político, llevar agua donde menos tienen, eso fue todo”, comentó. Sin embargo, hay más declaraciones que lo cercan en la investigación.
El millón atribuido
Según un aspirante a colaborador eficaz, Goray y Espinoza se conocieron el 15 de septiembre de 2021, en una reunión organizada por el congresista Enrique Alva. “Este fue el comienzo de lo que luego se orquestó”, relató la fuente al referirse a otro presunto esquema de sobornos para modificar el reglamento de ordenamiento pesquero del atún, con lo cual se benefició a empresas vinculadas a la empresaria y al comerciante atunero Fernando Pazos.
De acuerdo siempre con ese relato, un mes después, en octubre de 2021, se realizó otro encuentro en la casa de Goray, donde Espinoza conoció a Juan Ricardo Torres Cubas, quien expresó su interés en modificar el reglamento de pesca del atún. Espinoza habría pedido un millón de soles para gestionar el cambio, dinero que sería distribuido entre 11 congresistas del grupo conocido como 'Los Niños'.
La primera entrega de dinero habría sido de 50,000 soles, gestionada a través de Kenji Risco, un comunicador cercano a Espinoza. Posteriormente, en una nueva operación, se habrían entregado 800,000 soles, que fueron entregados a Espinoza en un vehículo en Lince. La última entrega de 200,000 soles (que Goray presuntamente guardaba en su closet) habría provenido de un préstamo de Pazos por una inversión en Marka Group.
El pago de estos sobornos resultó en la designación de Luis Mesones, exesposo de Goray, como viceministro de Producción. Posteriormente, el 30 de junio de 2022, se publicó un decreto que modificó el reglamento de pesca del atún, lo que flexibilizó los requisitos para su captura y aumentó la cantidad de atún que los barcos extranjeros debían dejar en Perú.
La resolución respaldó una ley propuesta por la bancada de Acción Popular, que permitió que el atún procesado en el país por embarcaciones extranjeras fuera considerado importación temporal, eximiéndolo de impuestos. La empresaria quedó en libertad en agosto pasado después de un año de prisión preventiva, tras una decisión del Poder Judicial que modificó su situación a comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país.
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