Evidencias del fracaso del Estado Empresario en nuestro país, tenemos, y de sobra. Basta con recordar los años 60s, 70s y 80s, donde las empresas estatales, además de brindar servicios paupérrimos al ciudadano, generaron grandes pérdidas económicas al erario.
En la actualidad, la situación es muy distinta como resultado de la participación privada en servicios clave: telecomunicaciones, infraestructura, electricidad; así como en diversas actividades productivas. No obstante, en determinado sector político, de la academia y la sociedad, aún persiste la idea que el Estado debería “competir” con el privado, para ofrecer servicios y darle mayores beneficios a la población. Nada más alejado de la realidad.
En Cuba, por ejemplo, donde prima un modelo estatista, la producción de energía eléctrica es escasa. El servicio eléctrico nacional presentó déficits durante al menos 27 de los 31 días de diciembre último, según el propio Ministerio de Energía y Minas de Cuba. El gobierno cubano lleva décadas asumiendo el control de industrias y comercios varios, lo que ha limitado enormemente la participación privada, con inminentes repercusiones negativas en materia económica. Entre 2018 y 2023, la producción eléctrica en la isla cayó un 26.4%, lo que evidenciaría un retroceso a niveles similares a los de 1990, según cifras de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la República de Cuba (ONEI). Aquello de “mayores beneficios a la población” no se da en gobiernos controlados por el Estado.
En el Perú, el 85% de la producción eléctrica es generada por empresas privadas. Entre 2015 y 2023, la producción eléctrica en nuestro país creció un 39.7%, mayormente explicado por la participación privada, de acuerdo con cifras del Comité de Operación Económica del Sistema (COES). Ese es el camino correcto.
Sin lugar a duda, aún se tiene mucho por delante en materia de electrificación, sobre todo en zonas rurales de nuestro país. Hacia 2022, un 17.1% de las viviendas en el ámbito rural no contaban con acceso a energía eléctrica mediante red pública todos los días de la semana, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Por otro lado, hacia 2023, un 14.9% de las viviendas en el ámbito rural estuvo privado de acceso a energía eléctrica mediante red pública, según cifras del INEI.
La situación es aún más crítica en la selva del Perú. Hacia 2023, en los departamentos de Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Ucayali, un 20.5%, 27.1%, 25.2% y 29% de las viviendas ubicadas en el ámbito rural, respectivamente, no contaban con acceso a energía eléctrica mediante red pública. Efectivamente, la tarea de proveer servicios, en este caso en particular de electricidad, a todo el Perú, demanda mayores esfuerzos público-privados, ya que la población que aún carece del acceso al servicio se ubica en zonas de difícil acceso geográfico.
A ninguno nos gustaría volver al pasado. A esa incertidumbre sobre el abastecimiento continuo del servicio. Un próximo proceso electoral está a la vuelta de la esquina. Será una elección incierta y fragmentada, con ideas políticas y económicas de todo calibre. No obstante, tengamos muy en cuenta que alternativas que prioricen la participación estatal en el mercado llevan un sello de fracaso.
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