El ministro de Justicia asegura que la construcción de nuevos penales ya está en el presupuesto 2025

El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, reveló que el gobierno ha considerado la edificación de nuevos penales en el presupuesto público del año 2025, incluyendo los llamados “megapenales”. Este esfuerzo, según el funcionario, es posible gracias a los recientes aportes realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). “Este mes deberíamos estar ya poniendo la primera piedra y les aseguro que en los próximos cinco meses debemos estar también inaugurando otros cinco penales que los estamos viendo con el INPE”, señaló el titular del MINJUSDH en una conferencia tras el Consejo de Ministros.

Durante el anuncio, Arana también recordó que en 2025 está contemplado un proyecto emblemático: el “Megapenal” de Ica, con un presupuesto de 255 millones de soles (aproximadamente 67 millones de dólares). De acuerdo con lo informado por la prensa local, esta propuesta fue mencionada por el ministro durante la sustentación del presupuesto de su sector ante el Congreso en noviembre pasado. Esta medida se plantea como parte de las estrategias para modernizar el sistema penitenciario y combatir el hacinamiento que aqueja a los centros carcelarios del país.

Además de estos megaproyectos, el diario El Comercio enfatizó que el MINJUSDH, en conjunto con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ya está trabajando en los avances penitenciarios. Según estas entidades, se busca mejorar las condiciones tanto para personas privadas de libertad como para los trabajadores en los futuros penales, integrando tecnología y seguridad.

Observaciones sobre la detención preliminar y el Estado de derecho

En otro momento, Arana abordó un tema clave: las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo a la controvertida ley que busca restituir la figura de la detención preliminar. “El Ejecutivo ha considerado que no puede existir un Estado de derecho en la que la presunción de inocencia sea no observada”, declaró el ministro en diálogo con la prensa, según destaca La República.

El Ministro subrayó que, desde el Gobierno, comparten la postura de la Defensoría del Pueblo, que rechaza la idea de permitir que la Fiscalía detenga a individuos con el propósito de investigar. A este respecto, insistió en que los jueces no deberían autorizar detenciones preliminares sin fundamentos claros y detallados. “Sostuvo que desde el Gobierno coincidió con la posición de la Defensoría del Pueblo en el sentido de que la Fiscalía no puede ‘detener para investigar’”, resalta El Comercio.

El funcionario también sugirió la implementación de cierta gradualidad en cuanto a los plazos de detención para quienes son investigados. Según el Ejecutivo, esta propuesta busca encontrar un equilibrio entre la necesidad de investigar y la salvaguarda de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Separación de poderes y recomendaciones al Congreso

El debate sobre esta norma también resalta la importancia del respeto al principio de la separación de poderes. Arana explicó que se ha observado la norma con el fin de remitir recomendaciones al Congreso sobre el tema. Agrega que la decisión final recaerá en el Poder Legislativo, conforme a la normativa vigente. Según informó La República, el ministro hizo hincapié en que todo esto está diseñado para proteger los derechos de los “ciudadanos comunes y corrientes”.

Acciones futuras y compromiso gubernamental

El compromiso del gobierno con el sistema penitenciario no se limita únicamente a la construcción de infraestructura, sino también a la promoción de políticas que respeten los derechos fundamentales. Además de los nuevos penales y el “Megapenal de Ica“, El Comercio señala que las iniciativas buscan fortalecer las capacidades del sistema carcelario y garantizar un trato humanitario a los reclusos, dentro del marco legal.

Con estas acciones, el Ministerio de Justicia intenta abordar los desafíos en términos de infraestructura y un marco jurídico ajustado a los estándares internacionales. Mientras tanto, el Congreso será clave en definir el destino de las propuestas en torno a la detención preliminar y el respeto al estado de derecho.