La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará este jueves 9 de enero si ratifica la decisión de juez supremo Juan Carlos Checkley de apartarse de la investigación contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por presunto abuso de autoridad.
El pasado 15 de octubre de 2024, el magistrado emitió una resolución donde informó que se inhibía del proceso contra el titular del Ministerio del Interior, debido a que ambos son representados por el mismo estudio de abogados en sus respectivos procesos. El Tribunal Supremo debe evaluar esta decisión.
La resolución de Checkley Soria busca preservar el derecho a ser juzgado por un juez imparcial, un principio que garantiza un proceso justo y exige a los magistrados velar por la transparencia y el respeto a los derechos de las partes procesales.
En este contexto, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal solicitó que se rechace la inhibición del juez Checkley, puesto que el proceso se demorará aún más. Por otra parte, la defensa de Juan José Santiváñez no presentó oposición a la medida.
Según verificó el propio magistrado, la defensa legal de Juan José Santiváñez está a cargo del estudio Caro & Asociados, en el cual uno de los socios también representa al juez Checkley en una investigación que sigue la Fiscalía Suprema.
Audios de ‘Culebra’
La denuncia por abuso de autoridad contra Juan José Santiváñez surgió a partir de los audios y chats difundidos por el capitán de la PNP Junior Izquierdo Yarlaqué, conocido como ‘Culebra’.
Izquierdo era una persona cercana a Santiváñez, por lo que mantenían una comunicación constante. Incluso, antes de que el ministro asumiera el cargo, Izquierdo le expresaba su interés por formar parte del Ejecutivo.
Sin embargo, la relación entre ambos se rompió cuando Izquierdo percibió un cambio en el discurso de Santiváñez, quien comenzó a atacar a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Fue en ese momento que Izquierdo decidió grabar una reunión que sostuvo con el ministro, anticipando lo que este podría revelar. Durante ese encuentro, Santiváñez le habló sobre un presunto encubrimiento de Vladimir Cerrón por parte del gobierno de Dina Boluarte. De hecho, fue el propio Santiváñez quien se refirió al vehículo presidencial como “el cofre”.
Además, en los mensajes, Santiváñez menciona las represalias que tomaría contra los agentes de la Diviac que investigaban a sus familiares. Tiempo después, la división fue desactivada y algunos de sus miembros, como el coronel Harvey Colchado, fueron retirados.
Hasta el momento, el Poder Judicial no ha autorizado las pericias sobre el material entregado por ‘Culebra’, mientras que el ministro ha negado la veracidad de esa información.
Dilatación del proceso
Infobae Perú conversó con el abogado defensor de Izquierdo, José Carlos Mejía Chávez, quien señaló al ministro del Interior, Juan José Santiváñez de armar una estrategia para dilatar el proceso judicial.
Según el letrado, Santiváñez “ha logrado retrasar por lo menos 110 días de los 240 días que dura la investigación preliminar, la cual está programada para concluir el 8 de abril de 2025. Este retraso se ha conseguido con la inhibición del juez Juan Carlos Checkley y el impedimento del juez César San Martín, ambos vinculados al mismo estudio de abogados que representa al ministro, lo cual parece haber sido planificado”.
Además, el abogado manifestó que emplazó al ministro a someterse a una prueba de voz como parte del peritaje.
“Le he solicitado que se practique esta muestra. El que nada debe, nada teme. Es importante recordar que el ministro presentó un peritaje independiente elaborado por un especialista no capacitado para análisis de voz, lo que pone en riesgo la prioridad de buscar la verdad”, afirmó Mejía Chávez.
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