En un operativo conjunto realizado por la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) Puno, la División de Investigación de Delitos contra el Patrimonio (DEPINCRI) Puno y la Policía Fiscal (AREPOFIS), agentes intervinieron un volquete en el Óvalo Huáscar. El vehículo transportaba 4 mil galones de combustible ocultos bajo una carga de grava y arena, según informó Canal N. La intervención ocurrió alrededor de las 9:30 horas del 4 de enero de 2025, cuando el conductor, identificado como David Wilson Flores Mamani, de 39 años, fue detenido por el presunto delito de contrabando.
Durante la inspección del vehículo con placa A4Y-854, que transportaba piedra grava como carga aparente, los agentes descubrieron dos grandes contenedores de combustible ocultos bajo los escombros. Este modus operandi, de acuerdo con los informes, es común entre las organizaciones criminales que se dedican al contrabando de hidrocarburos. Según las primeras investigaciones, el camión había partido desde Desaguadero, en la frontera con Bolivia, con destino a Juliaca, sin contar con la documentación que acreditara la legalidad del combustible.
La Fiscalía Especializada en Delitos Aduaneros y Contrabando (FEDA) de Puno trabaja en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la Intendencia de Aduanas para determinar el origen del combustible incautado. Además, se busca identificar a los responsables y dimensionar el alcance de esta red criminal.
La ruta del contrabando en la frontera
El caso no es un hecho aislado. Un reportaje del programa dominical Cuarto Poder expuso la gravedad del contrabando en la región fronteriza entre Perú y Bolivia. Según el informe, vehículos cargados con ropa, combustible, balones de gas y otros productos cruzan diariamente por rutas alternativas que evitan los controles policiales y aduaneros. Una de las principales zonas de tránsito ilícito identificadas es Tilali, en la región Puno.
A pocos kilómetros de estas rutas, se encuentra un centro poblado conocido por albergar un mercado semanal denominado “La Feria”. Este lugar reúne a comerciantes y compradores que acuden en busca de productos provenientes del contrabando. La presidenta de la Comisión de Luchas contra el Comercio ilícito, Claudia Linares, destacó la sofisticación alcanzada por las organizaciones criminales en estas zonas. “Estas redes tienen niveles de distribución impresionantes que sostienen esta economía ilícita”, advirtió.
El informe también reveló que algunas viviendas de varios pisos en estas localidades habrían sido construidas con dinero proveniente de actividades ilegales. Mientras tanto, el gas boliviano, otro de los productos recurrentes en esta economía, es comercializado en minivans que operan en puntos estratégicos de la región.
Pérdidas económicas y ausencia de control estatal
La magnitud del problema no se limita al combustible. Según las cifras presentadas, el contrabando le cuesta al Perú aproximadamente 600 millones de dólares anuales, aunque se estima que el monto real podría ser mucho mayor. Este comercio ilícito incluye productos como cigarrillos, balones de gas, diésel y gasolina, que ingresan al país a través de puntos no oficiales, entre ellos el Lago Titicaca, Puerto Acosta y Desaguadero.
Frente a estos hechos, las autoridades intensificaron los operativos en la región. Sin embargo, la falta de personal, recursos y presencia constante en las zonas críticas dificulta una solución integral al problema. Mientras tanto, el combustible incautado en el operativo del 4 de enero se encuentra bajo custodia, y las investigaciones buscan desarticular la red detrás de este caso específico.
Gobierno bloquea exportaciones de aceite hacia Perú
La producción de aceite de soya refinado en Bolivia, que en 2023 alcanzó las 183.224 toneladas, se enfrenta a un cambio drástico en su destino. Según cifras del Sistema Integrado de Información Productiva (SIIP) del país altiplánico, solo 62.403 toneladas de este producto fueron destinadas al consumo interno boliviano durante ese año, mientras que el resto se dirigió al mercado internacional. Sin embargo, esta dinámica podría cambiar radicalmente tras la reciente decisión del gobierno de Luis Arce de suspender temporalmente las exportaciones de aceite refinado, una medida que busca frenar el alza de precios en el mercado interno boliviano, pero que podría tener repercusiones significativas en países vecinos como Perú.
Esta medida responde a la escasez de aceite en Bolivia, que ha provocado un incremento del 60% en los precios locales. La estrategia del gobierno boliviano consiste en redirigir la producción destinada a la exportación hacia el mercado interno, con el objetivo de aumentar la oferta y reducir los costos para los consumidores locales. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación en Perú, donde una parte importante del aceite comestible consumido proviene de importaciones, siendo Bolivia uno de los principales proveedores.
Según datos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), recogidos por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), aproximadamente un tercio del aceite comestible consumido en Perú es importado, y más de la mitad de estas importaciones provienen de Bolivia. La suspensión de exportaciones podría reducir significativamente el nivel de importaciones peruanas, afectando directamente la disponibilidad del producto en el mercado local y generando una posible escalada de precios.
El cierre de 2023 dejó cifras claras sobre la capacidad productiva de Bolivia. El país produjo 632.161 toneladas de aceite crudo de soya, utilizando parte de los 3 millones 604.007 toneladas de granos obtenidos ese año. Sin embargo, la mayor parte de esta producción estaba destinada a la exportación, lo que subraya la importancia del mercado internacional para la industria boliviana. Ahora, con la nueva política de proteccionismo estatal, el panorama cambia tanto para los productores bolivianos como para los importadores peruanos.
Contrabando de dinamita en la frontera Perú-Bolivia
En los altos Andes, a 4.364 metros sobre el nivel del mar, el río Suches divide las fronteras de Perú y Bolivia. Este lugar es el epicentro de una red de contrabando de explosivos, según la investigación realizada por el portal Connectas, que alimenta la minería ilegal e informal en ambas naciones. Cada viernes, el área conocida como “Las Perlas” cobra vida con una feria clandestina que mezcla productos de consumo diario con artefactos explosivos. Aunque los controles incrementaron en los últimos años, el tráfico continúa bajo nuevas modalidades y en puntos estratégicos de la frontera.
El contrabando de explosivos no solo afecta la frontera. Una vez ingresan a Perú, los artefactos se distribuyen hacia regiones mineras clave como Cusco, Arequipa, Lima y La Libertad. En estos lugares, la minería informal e ilegal utiliza explosivos para fracturar rocas y extraer minerales, principalmente oro.
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