Según un informe periodístico del medio La República, de los 16 congresistas señalados por presuntos actos ilícitos, solo uno ha recibido una sanción en lo que va del año 2024. Blindajes en el sistema legislativo para abordar casos de corrupción y otras irregularidades.
La única sanción emitida hasta ahora recayó sobre la excongresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, quien fue suspendida en marzo de 2024 por el pleno del Congreso. La medida se tomó tras las denuncias en su contra por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.
Este caso fue inicialmente presentado en abril de 2023, y posteriormente respaldado en noviembre del mismo año por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. La suspensión permitió que el Ministerio Público continuara con las investigaciones, mientras que su lugar en el Congreso fue ocupado por su accesitaria, Magally Santisteban.
Sin embargo, el resto de los casos denunciados casi ni se tocaron en las instancias legislativas. Entre los procesos más destacados se encuentra el relacionado con el caso Los Niños, que involucra a los congresistas Jorge Flores, Darwin Espinoza, Elvis Vergara y Raúl Doroteo.
Según detalló La República, la denuncia constitucional por presunto tráfico de influencias fue presentada en mayo de 2022 por la entonces fiscal Benavides. A pesar de haber transcurrido casi dos años, el caso aún no ha sido resuelto por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).
Los mochasueldos
El Ministerio Público ha presentado denuncias constitucionales contra Flores y Doroteo por presunto recorte de sueldos, mientras que Espinoza ha sido acusado de solicitar aportes voluntarios a sus trabajadores para financiar la inscripción del Movimiento Regional Adelante Áncash.
Otro grupo de congresistas también ha sido señalado por el caso mochasueldos. Entre ellos se encuentra la legisladora de Acción Popular, Marleny Portero, quien fue denunciada por la actual fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Asimismo, el congresista de Podemos Perú, José Arriola, enfrenta una imputación similar, admitida a trámite por la SAC este mes, aunque la denuncia había sido formulada en agosto.
El caso de Heidy Juárez, también de Podemos Perú, refleja la demora en los procedimientos legislativos. La denuncia por presunta concusión fue presentada en marzo de 2023 por el fiscal Juan Carlos Villena, pero no fue hasta noviembre que la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días a la subcomisión para elaborar un informe final. En el mismo mes, se admitió a trámite una denuncia contra el congresista Edgar Tello, acusado de “mochasueldo”. Tello también enfrenta una investigación por presunto tráfico de influencias.
La bancada de Alianza para el Progreso (APP) no ha estado exenta de señalamientos. La congresista Magaly Ruiz fue denunciada en abril de 2023 por presunta concusión y, posteriormente, en julio, por tráfico de influencias. Por su parte, la legisladora Rosio Torres enfrenta una de las investigaciones más avanzadas. Este mes, la SAC celebró una audiencia sobre su caso, y se espera que el congresista delegado, Segundo Quiroz, presente un informe final para proceder con la acusación.
Designaciones y contrataciones irregulares
Otros congresistas también han sido objeto de denuncias por diversas irregularidades. La fiscal Espinoza presentó en mayo de 2023 una denuncia contra Patricia Chirinos por el caso Jaime Villanueva. Asimismo, Rosselli Amuruz, de Avanza País, enfrenta acusaciones por presuntas contrataciones irregulares de personas vinculadas a su pareja, el excongresista Paul García.
En un intento por acelerar los procesos, la fiscal Espinoza envió el 6 de diciembre un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, solicitando celeridad en 16 denuncias constitucionales presentadas por el Ministerio Público. Entre estas figuran las interpuestas contra los congresistas David Jiménez, de Fuerza Popular, y María Córdova Lobatón, de Renovación Popular, ambos acusados de presunto peculado.
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