La Comisión Permanente del Congreso ha puesto en agenda para mañana viernes 27 de diciembre el dictamen para una nueva ley agraria, que busca reducir los impuestos para las grandes empresas agroexportadoras, y recortar los derechos laborales a los trabajadores agrarios. Por lo cual la han denominado la ‘Ley Chlimper 2.0′.
El dictamen incorpora una serie de proyectos legislativos que vienen de iniciativas de los siguientes cuatro grupos parlamentarios: Avanza País, Somos Perú, Bloque Magisterial y Acción Popular, quienes insisten por votar a favor de esta reforma que es altamente perjudicial para la recaudación tributaria.
Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) califica el dictamen como antitécnico, regresivo y perjudicial, que podría incrementar desigualdades, beneficiando principalmente a las grandes empresas como Camposol S.A, Complejo Agroindustrial Beta S.A, Danper Trujillo S.A.C, Agrícola Cerro Prieto S.A.C, entre otras.
La opinión especializada subraya que las propuestas del Congreso complican la administración tributaria, abriendo espacio para elusión y evasión fiscal. Además que socavan los ingresos fiscales necesarios para financiar servicios públicos y atender necesidades sociales prioritarias. Por lo que recomienda una focalización más precisa de los beneficios hacia pequeñas unidades productivas, promover proyectos de infraestructura rural y optimizar la gestión eficiente de recursos sectoriales en lugar de incrementar los beneficios tributarios de manera indiscriminada.
Beneficios a las grandes agroexportadoras
El MEF alerta que muchas de las medidas beneficiarían principalmente a grandes actores del sector agroexportador en lugar de a pequeños productores familiares. Actualmente, se observa que el 92% de los ingresos vinculados al sector agrario bajo el régimen tributario especial están concentrados en apenas un 0,02% de los contribuyentes. Esto se traduce en que 506 grandes empresas, con ingresos superiores a 1.700 UIT, concentran la mayor parte de los beneficios fiscales.
El informe también cuestiona la inclusión de actividades ya consolidadas, como la agroindustria de palma aceitera, el sector vitivinícola y de producción de pisco, sectores que han demostrado un crecimiento significativo en los últimos años y, en opinión del MEF, no requieren de incentivos adicionales.
Impacto fiscal y regresividad tributaria
Un punto central de crítica es la propuesta de reducir la tasa del Impuesto a la Renta (IR) al 15% de manera indiscriminada para todas las empresas del sector agrario hasta 2035. Según el MEF, esta medida resultaría regresiva, favoreciendo a actores con mayores ingresos y capacidad de inversión, mientras los pequeños y medianos productores apenas se beneficiarían. Asimismo, extender la reducción fiscal a grandes empresas sin criterios de focalización podría erosionar aún más la base fiscal del país, dificultando los esfuerzos por incrementar la recaudación tributaria necesaria para gastos públicos esenciales.
El ministerio también enfatizó que la creación de nuevos esquemas de incentivo, como un crédito tributario del 20% por reinversiones hasta 2035, podría generar doble beneficio a las empresas al superponerse con otras normativas actuales. Esto incrementaría la complejidad del sistema tributario y facilitaría prácticas de evasión y elusión fiscal.
Obstáculos a pequeños productores
El MEF observa que las medidas propuestas generarían distorsiones que no apuntan a resolver los problemas estructurales de los pequeños agricultores, como el acceso limitado al financiamiento, riego tecnificado, capacitación y mejora de infraestructura. Agrega, además, que el histórico uso de beneficios tributarios en el sector no ha logrado impactar positivamente a la mayoría de las unidades productivas agrícolas, ya que más del 86% de estas operan en la informalidad.
Exceso de beneficios y marcos ya vigentes
El informe resalta que el sector agrario cuenta con diversos incentivos ya establecidos mediante la Ley N.º 31110. Entre ellos, tasas progresivas del IR diferenciadas por tamaño de empresa, un régimen de recuperación anticipada del IGV y esquemas de depreciación acelerada, entre otros. Según el MEF, ampliar estos beneficios no es necesario y representaría un gasto tributario innecesario.
Asimismo, recalca que algunas actividades, como el sector vitivinícola, han mostrado tasas de crecimiento anual de hasta el 6% entre 2019-2023, y el pisco ha mantenido un crecimiento sostenido del 3% anual durante el mismo periodo. Esto refuerza la postura del ministerio de que estos sectores no requieren subsidios adicionales.
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