El centro poblado de Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, de la provincia de Camaná, Arequipa, se sumó a la medida adoptada recientemente en Relave, Ayacucho, y dio un ultimátum a los ciudadanos extranjeros para que abandonen la zona.
La decisión, impulsada por los mineros artesanales, responde a un aumento de la criminalidad, incluyendo robos, extorsiones, asaltos y la proliferación de la prostitución en el área, fenómenos que, según los residentes, han incrementado tras la llegada de personas de otra nacionalidad, en su mayoría procedentes del país de Venezuela.
Según pudo conocer este medio, la decisión de obligar a los extranjeros de abandonar las viviendas y lugares de trabajo en Secocha se dio luego de un acuerdo firmado por la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui (Asppmacsu) el pasado 17 de diciembre.
El comunicado emitido en el campamento minero de Secocha establece un plazo de 24 horas para que todos los extranjeros, sin importar sexo o edad, abandonen el lugar de forma voluntaria. Además, se otorgó el mismo plazo para el cierre inmediato de establecimientos relacionados con la prostitución, cantinas y bares. También se incluyó la expulsión de cualquier individuo que sea considerado una amenaza para la seguridad de la zona.
El comunicado también anunció la implementación de una garita de control en el centro poblado de Secocha. Además, se exigirá a los residentes y trabajadores portar un carnet de ingreso, el cual será emitido por la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales de Secocha (Asppmacsu).
El Comité de Labores de la zona minera respaldó la medida dispuesta por Asppmacsu, reiterando su aplicación inmediata. Asimismo, advirtió que se impondrán multas de S/ 3.000 y sanciones a quienes alojen en sus viviendas, brinden servicio de transporte o permitan el ingreso de personas extranjeras en los centros de trabajo del área.
Expulsaron a extranjeros de Secocha
Días después, los mineros y demás personas de la localidad llevaron a cabo una marcha en todo el sector, donde se volvió a advertir que todos los extranjeros deben retirarse de la zona. Esta vez, señalaron que para el 1 de enero del 2025 la medida debe haber sido cumplida en su totalidad y ni un solo extranjero debe ser visto en el centro poblado.
Mientras tanto, durante la movilización se mostraron firmes en su decisión y causaron varios daños materiales como rotura de lunas y puertas de hostales, bares y otros centros nocturnos de la zona. Como parte de ello, se conoció que ingresaron a un espacio alquilado por una trabajadora sexual extranjera de donde sacaron una cama para luego prenderle fuego en la vía pública, según informó el medio local Enfoque Arequipa.
Asimismo, se registró otro incidente que se viene viralizando en las redes sociales donde se muestra a un grupo de padres de familias y menores extranjeros siendo expulsados del Colegio Juan Pablo II. Una de las mujeres afectadas grabó el hecho, no obstante, se desconoce si el material es actual.
Una medida similar en Relave
En el centro poblado de Relave, en la región Ayacucho, se vivió un hecho similar a lo que está ocurriendo en Secocha. Hace unos días, el consejero por Parinacochas, Johon Huachaca, informó que la medida se cumplió sin necesidad de aplicar la expulsión.
“En su mayoría, los ciudadanos extranjeros se han retirado; incluso, la población de Relave los apoyó con unidades vehiculares para que los saquen hacia la localidad de Chaca”, detalló para el medio local Jornada.
La autoridad municipal recordó que dicha decisión de la comunidad en conjunto con las autoridades municipales se dio por el aumento de las actividades delictivas se habían intensificado con la llegada de personas extranjeras, en su mayoría venezolanas. Las autoridades locales y las asociaciones impusieron restricciones y multas similares para quienes alquilen viviendas o contraten servicios ofrecidos por extranjeros.
La decisión adoptada en Relave ha generado un intenso debate, siendo objeto de críticas por parte de diversas organizaciones de derechos humanos que la califican como discriminatoria y una violación a los derechos de los refugiados y migrantes. Sin embargo, los pobladores defienden esta medida argumentando que responde a un alarmante incremento de la inseguridad y a una sensación generalizada de abandono por parte del Gobierno de Dina Boluarte.
En ambas localidades, tanto en Relave como en Secocha, la presencia policial es casi inexistente, lo que ha permitido que la criminalidad opere con relativa impunidad. Extorsiones, robos, asaltos y otros actos delictivos se han vuelto recurrentes, generando un clima de temor entre los residentes.
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