Eduardo Arana: más de 180 llamadas con el cabecilla de los ‘Cuellos Blancos’ y el motivo por el cual podría ser el nuevo premier

A poco de asumir el cargo del titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), se conoció que Eduardo Arana mantenía un vínculo con los cabecillas de los ‘Cuellos Blancos’: César Hinostroza y Walter Ríos.

Estos nexos fueron puestos nuevamente sobre el tapete luego de conocer que habrían más de 180 llamadas registradas entre Arana y Ríos entre 2011 y 2018, según un informe del programa Cuarto Poder, dominical de América Televisión.

El levantamiento del secreto de las comunicaciones de Arana también expuso contactos con otros personajes investigados o procesados por corrupción, entre ellos Jimmy García Ruiz, expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, condenado en 2023 a 11 años de prisión por tráfico de influencias y encubrimiento personal.

Entre 2016 y 2017, Arana habría realizado al menos 83 llamadas con García cuando este ocupaba el cargo de juez superior de Justicia de Lima Este. Además, se registraron seis llamadas con Alberto Orlando Rossel Alvarado, exfiscal superior de Lima Norte, detenido en 2019 junto al expremier César Villanueva en el marco del caso Odebrecht.

Estos hallazgos han alimentado especulaciones sobre el rol de Arana dentro del Gobierno de Dina Boluarte, con analistas como Enrique Valderrama sugiriendo que sus conexiones podrían ser vistas como una ventaja para un Ejecutivo enfrentado a múltiples procesos judiciales.

Valderrama indicó que “la fama que acompaña a Arana no es nada buena”, y afirmó que la presidenta podría estar buscando “aprovechar” sus nexos en el sistema de justicia. En una línea similar, José Carlos Requena destacó que el conocimiento de Arana sobre el sistema judicial lo convierte en una pieza clave para un gobierno “judicializado”.

¿Se postula como nuevo premier?

Por otro lado, las grabaciones divulgadas también refuerzan la percepción de que Arana actúa como un asesor cercano a Boluarte, e incluso podría estar perfilándose como el próximo presidente del Consejo de Ministros.

Hace unos días, el expremier Alberto Otárola, durante una entrevista en Willax, lo describió como un “premier en la sombra”, insinuando que su influencia en las decisiones del gobierno podría superar la de otros ministros. Estas afirmaciones fueron previamente reforzadas por audios atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, donde también se señala a Arana como asesor directo de la presidenta.

Las sospechas sobre los lazos de Arana con los ‘Cuellos Blancos’ se intensifican al recordar que, en 2018, cuando postulaba como regidor en San Isidro, mantuvo contacto con figuras como Willian Quiroz Salazar, vocal superior del Cono Norte, quien fue señalado por el narcotraficante Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”, de realizar presuntas coordinaciones para favores judiciales. Las comunicaciones con Quiroz ocurrieron entre 2013 y 2014, reforzando la percepción de una red de contactos en el poder judicial.

Arana, por su parte, ha negado categóricamente las acusaciones. Durante una conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, desestimó los rumores sobre su papel como “premier en la sombra” y reiteró su compromiso con la transparencia. “Todos caminamos con plena tranquilidad en el sol de la democracia. No existen esas afirmaciones”, declaró. Sin embargo, el impacto de las revelaciones continúa generando interrogantes sobre el alcance de su influencia y su rol en el gabinete.

El contexto también se enmarca en un clima de tensión política dentro del Ejecutivo. Otárola, quien también acusó a Arana de formar parte de una “organización criminal” dentro del gobierno, sugirió que estas redes podrían estar detrás de rumores que afectaron su relación con Boluarte. “Creo que esa historia la ha creado Morgan Quero o Nicanor Boluarte para apartarme del entorno de la presidenta”, declaró.

En este escenario, la posibilidad de que Arana asuma la presidencia del Consejo de Ministros plantea una serie de interrogantes sobre la estrategia del gobierno frente a los procesos judiciales en curso.