El pasado 11 de diciembre, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley 32181, que modifica el Código Procesal Penal y elimina la figura de la detención preliminar en casos donde no exista flagrancia. Esta decisión desató críticas desde diversos sectores judiciales y fiscales, quienes consideran que limita las herramientas necesarias para combatir delitos complejos como la criminalidad organizada y la corrupción.
La controversia se desató rápidamente. Apenas un día después de que se aprobara la ley, 10 presuntos integrantes de la organización criminal ‘Las Hienas Verdes’, entre ellos tres policías, fueron liberados por disposición de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura. La medida dejó sin efecto la detención preliminar de 15 días dictada anteriormente por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, a solicitud de la Fiscalía Provincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada.
Decisión judicial y reacciones
La liberación de los 10 investigados se produjo tras la apelación de la resolución del 29 de noviembre, que inicialmente autorizaba la detención preliminar. La Sala Penal de Apelaciones de Huaura argumentó que la reciente modificación legal obligaba a revocar la medida, ya que la detención preliminar solo puede aplicarse en casos de flagrancia. Esta decisión generó rechazo por parte de la Fiscalía, que anunció un recurso de casación para que la Sala Suprema del Poder Judicial evalúe el caso. Fueron liberados de manera inmediata los imputados:
- Josephy Ronald Acosta Noriega
- Joel Alexandro Portocarrero Campos
- Rolando Samuel Montoya Valega
- Anthony Enrique Cordova Felix
- Mayelin Sequera Mendoza
- Jose Manuel Sudario Huerta
- Tino Andres Arroe Zorrilla
- Richard Maycol Roman Valverde
- Anderson José Amado Navarro
- Juliana Yesennia Carrion Reyes
Ante el impacto inmediato de la Ley 32181, la Fiscalía solicitó al Congreso de la República restituir la normativa anterior sobre la detención preliminar, argumentando que se trata de una herramienta clave para la lucha contra la criminalidad organizada. Según el Ministerio Público, su eliminación dificulta la recolección de pruebas y permite que los presuntos responsables evadan las investigaciones en su contra.
Operativos y hallazgos
El caso de ‘Las Hienas Verdes’ expuso un entramado de delitos que incluye extorsión, homicidio calificado, tenencia ilegal de armas y encubrimiento. El operativo inicial, llevado a cabo por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) en coordinación con la Fiscalía Especializada, permitió la detención de los investigados en diversos puntos de la provincia de Barranca, así como el allanamiento de inmuebles y centros penitenciarios.
Entre las pruebas incautadas, se reportaron armas de fuego, municiones, drogas, dispositivos electrónicos y una granada. Estos elementos habrían sido utilizados para intimidar a comerciantes y empresarios de la región. Según el fiscal especializado en criminalidad organizada de Huaura, José Silva Vidal, estas acciones forman parte de una estrategia delictiva sistemática. “La organización opera en Barranca y alrededores, dedicándose a extorsionar a empresarios, transportistas y comerciantes. Sus métodos incluyen homicidios y sicariato”, detalló el fiscal.
Implicación policial en la red criminal
Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la participación de efectivos policiales en las actividades de la organización. Tres agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional fueron detenidos por su presunta vinculación con el cobro a extorsionadores para no involucrarlos en investigaciones judiciales. Entre los implicados destaca el suboficial identificado como La Rosa Buendía, según las investigaciones policiales sería el líder de la red pese a su posición en la Unidad de Inteligencia de Investigación Criminal de Barranca. Actualmente, permanece prófugo.
La Fiscalía sostiene que estos policías no solo protegían a extorsionadores, sino que también facilitaban la logística de las operaciones criminales, empleando bienes que no estaban registrados oficialmente bajo custodia policial. Según los investigadores, esto incluye armas y otros equipos utilizados para amedrentar a las víctimas.
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