La suerte de la suspendida fiscal superior Elizabeth Peralta está en manos del juez supremo dirimente Gustavo Álvarez Trujillo, quien este lunes 2 de diciembre decidirá si se le impone una prisión preventiva de 18 meses. Este fallo será clave dentro de la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico, en un caso que también involucra al exconductor Andrés Hurtado, conocido como “Chibolín”.
La audiencia, que se realizará de manera virtual a las 12:30 p. m., busca resolver un empate judicial que mantiene el futuro de la investigada en vilo. El juez Álvarez Trujillo analizará la apelación presentada por la Fiscalía Suprema, que exige revertir la decisión inicial del juez supremo Juan Carlos Checkley, quien en octubre pasado otorgó a Peralta comparecencia con restricciones en lugar de la prisión preventiva solicitada.
Un fallo marcado por la división judicial
El debate en la Corte Suprema gira en torno al peligro de obstaculización que, según la Fiscalía, representaría la libertad de Peralta durante el proceso. Hasta ahora, tres magistrados —María Altabas, Norma Carbajal y Saúl Peña Farfán— han votado a favor de imponer la prisión preventiva de 18 meses, argumentando que la medida es necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación.
Por otro lado, los jueces César San Martín, Iván Sequeiros y Manuel Luján han respaldado la decisión inicial de Checkley, sosteniendo que las restricciones impuestas son suficientes para evitar cualquier interferencia por parte de la investigada.
El voto dirimente de Álvarez Trujillo será el cuarto y decisivo, necesario para alcanzar una mayoría. Su resolución no solo marcará el destino inmediato de Peralta, sino también sentará un precedente en casos similares que involucran a altos funcionarios.
Un caso rodeado de controversias
La Fiscalía Suprema sostiene que Elizabeth Peralta y Andrés Hurtado habrían incurrido en tráfico de influencias y cohecho activo específico, delitos que tienen como trasfondo supuestas negociaciones ilícitas con impactos directos en el aparato estatal.
El recurso presentado por la Fiscalía argumenta que existen indicios razonables de que Peralta podría obstaculizar las investigaciones, lo que hace necesaria la medida de prisión preventiva. Por su parte, la defensa de la suspendida fiscal asegura que las pruebas en su contra no son concluyentes y que las restricciones ya impuestas garantizan el normal desarrollo del caso.
Fiscal llora en audiencia
En una audiencia realizada este miércoles, presidida por el juez supremo dirimente Saúl Peña, se evaluó la apelación presentada por el Ministerio Público para revocar su régimen de comparecencia con restricciones. La magistrada, señalada por presuntos vínculos con el conductor de televisión Andrés Hurtado en un caso de tráfico de influencias y sobornos, rompió en llanto durante la sesión, alegando sentirse “maltratada” en el proceso judicial.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema convocó a Peña como juez dirimente luego de que no se alcanzara un consenso entre los magistrados sobre el pedido de prisión preventiva. La fiscal adjunta Alejandra Cárdenas, encargada de la apelación, presentó nuevas pruebas y argumentó que las acciones de Peralta reflejan un peligro de obstaculización en el proceso investigativo.
Durante la audiencia, Cárdenas destacó los hallazgos obtenidos en un allanamiento realizado contra Peralta. Entre ellos, se encontró un USB con un audio que, presuntamente, incrimina a la fiscal en maniobras destinadas a beneficiar al alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, separando su investigación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
El material incautado no se limitó a ese dispositivo. En la residencia de Peralta también se hallaron manuscritos que contenían instrucciones explícitas para borrar respaldos de conversaciones en WhatsApp, así como una billetera con un ticket aéreo y notas con números de cuentas bancarias y teléfonos.
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