“Peligro de fuga por cercanía al poder”: los momentos clave de la lectura de la resolución contra Nicanor Boluarte que duró tres días

El juez Richard Concepción Carhuancho dictó el martes 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. La resolución, leída en tres jornadas consecutivas, justificó la medida con argumentos que incluyeron el peligro de fuga y la presunta participación del investigado en una organización criminal vinculada al caso “Los Waykis en la Sombra”.

El caso, que involucra a 23 personas, se centra en una red que habría operado para designar de manera irregular a prefectos y subprefectos en diversas regiones del país. Durante la extensa lectura de la resolución, Concepción Carhuancho destacó momentos clave que fundamentaron su decisión, marcando un hito en el tratamiento judicial de casos de corrupción de alto perfil.

El peligro de fuga como argumento central

Uno de los puntos más importantes de la resolución fue el argumento del peligro de fuga. El juez destacó que Nicanor Boluarte tiene vínculos cercanos con “las esferas del poder”, al ser hermano de la presidenta de la República, lo que, según indicó, podría facilitar su evasión de la justicia o la obstrucción de las investigaciones.

Este razonamiento se basó en el análisis de la Fiscalía, que presentó pruebas sobre el posible uso de su influencia para favorecer la designación de funcionarios clave en cargos regionales. Esta conexión con el poder político fue considerada un riesgo procesal suficiente para justificar la medida cautelar de prisión preventiva.

Además, el juez señaló que Nicanor Boluarte no se presentó a las audiencias programadas los días 18 y 19 de noviembre, lo que reforzó la percepción de riesgo de fuga. La última vez que se le vio fue el domingo 17 de noviembre, cuando participó de manera virtual en la audiencia. Estas ausencias aumentaron la preocupación del tribunal sobre su disposición a colaborar con la justicia.

Alta probabilidad de participación en delitos

Otro momento relevante de la lectura fue la exposición de pruebas que respaldan la presunta participación de Boluarte en delitos como organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Nicanor Boluarte habría utilizado su posición como hermano de la presidenta para integrar una red que operaba en diversas regiones del país, con la finalidad de consolidar poder político y beneficios económicos.

Las pruebas presentadas incluyeron declaraciones de colaboradores eficaces, registros de comunicaciones interceptadas y análisis financieros que señalarían a Boluarte como uno de los operadores principales de esta organización. Concepción Carhuancho enfatizó que “existe un alto grado de probabilidad” de que el investigado haya participado activamente en los hechos imputados.

La Fiscalía argumentó que Nicanor Boluarte habría ejercido un “poder de facto” para influir en la designación de funcionarios públicos desde que su hermana asumió la presidencia a finales de 2022. Este patrón de conducta, según el Ministerio Público, evidencia una estructura organizada para cometer actos ilícitos en perjuicio del Estado.

Críticas a la Ley 32108

Durante la lectura, el magistrado también cuestionó la aplicación de la Ley 32108, promulgada recientemente para limitar la duración de los procesos vinculados a delitos de crimen organizado. Según Concepción Carhuancho, esta norma no podía aplicarse retroactivamente al caso “Los Waykis en la Sombra”.

En su intervención, calificó la ley como de “nombre propio” y afirmó que “ha dejado consecuencias nefastas y seguirá produciéndolas”. Este análisis dejó en claro su preocupación por el impacto de reformas legales que podrían debilitar el tratamiento judicial de casos complejos como este.

La resolución se leyó en tres días, desde el domingo 17 hasta el martes 19 de noviembre. Esta extensión fue atribuida al volumen de pruebas presentadas por la Fiscalía y a la necesidad de detallar cada uno de los elementos que fundamentaron la decisión.