La Policía Nacional (PNP) ha establecido un nuevo centro de operaciones en la controvertida casa de Sarratea, ubicada en el distrito de Breña, un inmueble que ganó notoriedad al ser utilizado por el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) para realizar reuniones informales durante su campaña y gobierno, en las que se presume se llevaron a cabo actividades irregulares.
Tras ser incautada en enero de 2023 por orden del juez Richard Concepción Carhuancho, la vivienda pasó a ser administrada por el Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI). Ahora, tras una serie de diligencias y la firma de actas correspondientes, la institución policial ha recibido la custodia del lugar.
“Ahí se ha ubicado unas subunidades de análisis de inteligencia. Esperamos que se mantenga la adjudicación hacia la policía y se pueda utilizar, de repente, en otras unidades de seguridad ciudadana. Estamos en custodia toda vez que es una medida judicial. Esto facilita poder usarla con unidades orgánicas de la policía asignando personal para que puedan emplear las instalaciones y nosotros también implementarla con medios, como sistemas de comunicación y equipos”, dijo a RPP.
El inmueble, que cuenta con cinco pisos, parquet en la pared, un portón y una puerta de madera, fue utilizado como local de campaña de Perú Libre en 2021 y perteneció al empresario Alejandro Sánchez, supuesto financista del expresidente e implicado en el caso ‘Asesores en la sombra’, por el que Castillo investigado por organización criminal.
Un reportaje de Cuarto Poder de noviembre de 2021 reveló que Castillo había despachado en este inmueble durante varias ocasiones, pese a las advertencias de la Contraloría sobre el incumplimiento de la ley que regula la gestión de intereses públicos. En aquellas visitas, se observó la camioneta presidencial y se destacó que Castillo usaba una gorra en lugar de su sombrero habitual.
Prisión
En julio pasado, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema aprobó prolongar por 18 meses la prisión preventiva contra el exgobernante debido a su fallido autogolpe de Estado. Independiente a esta decisión, Castillo hubiera continuado en el penal de Barbadillo, ya que enfrenta además 36 meses de prisión preventiva por otro caso de corrupción.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un ejecutivo de emergencia que gobernaría por decreto. Esta decisión llevó al Congreso a destituirlo y su posterior arresto por su propia escolta. La Fiscalía solicita 34 años de prisión en su contra por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
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