Telefónica ha anunciado que dejará de proporcionar servicios de internet y red de datos a la Policía Nacional del Perú (PNP) debido al vencimiento de su contrato el 5 de noviembre. Esta decisión se produce en el contexto de una sanción que impide temporalmente a la empresa contratar nuevos servicios con el Estado, una medida que Telefónica considera “desproporcionada”, según informó Gestión.
La empresa de telecomunicaciones explicó que, debido a esta sanción, no fue posible renovar el contrato con la PNP. En julio de este año, la policía optó por adjudicar estos servicios a un nuevo operador, según el comunicado de Telefónica. La compañía también destacó que los servicios que brindaba son esenciales para las funciones policiales, por lo que informó con antelación a la PNP y a otras instituciones públicas para que tomaran las medidas necesarias para asegurar la continuidad del servicio con el nuevo proveedor designado por el Comando de la institución.
Telefónica expresó su agradecimiento a la PNP por el tiempo de colaboración y lamentó no poder continuar trabajando con la institución. La empresa subrayó la importancia de los servicios de integración tecnológica y seguridad informática que ofrecía, y cómo estos son fundamentales para el desempeño de las funciones policiales.
Antecedentes
Telefónica del Perú ha sido inhabilitada para firmar contratos con el Estado peruano durante un periodo de 36 meses, según informó el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce). Esta sanción se origina tras la confirmación de que una persona involucrada en un proyecto estatal presentó información falsa sobre sus credenciales académicas. La empresa, que había proporcionado servicios de conectividad al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (Mtpe), asegura haber cumplido con todas las obligaciones contractuales.
La compañía ha expresado su desacuerdo con la decisión del Osce, calificándola de desproporcionada y carente de fundamentos adecuados. Telefónica está considerando emprender acciones legales ante el Poder Judicial para impugnar la resolución. A pesar de la sanción, la empresa ha aclarado que los contratos vigentes con entidades públicas no se verán afectados y que continuará prestando los servicios acordados.
El proceso sancionador fue notificado a Telefónica en marzo de este año, y aunque la empresa presentó una apelación, la resolución final ha sido recientemente comunicada. La persona que consignó la información falsa fue retirada del proyecto y enfrenta una denuncia penal.
Telefónica del Perú ha manifestado su intención de seguir cumpliendo con los términos de los contratos actuales, mientras que la sanción impide su participación en nuevos proyectos con el Estado durante los próximos tres años.
Telefónica, la más multada
En Perú, la empresa Telefónica del Perú S.A.A. enfrenta una deuda tributaria que supera los S/5.281 millones, según datos al 16 de agosto de 2023. Esta cifra representa casi una cuarta parte del total de las deudas de los principales contribuyentes del país, que ascienden a S/22.159 millones. La deuda de Telefónica ha estado en controversia durante dos décadas, y gran parte de ella se encuentra en litigio.
El proceso judicial incluye un monto significativo de S/4.299 millones, que está en manos del Poder Judicial. Dentro de esta suma, se encuentran los S/3.000 millones que la Corte Suprema ordenó pagar a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) en enero de este año, relacionados con el Impuesto a la Renta de los años 2000 y 2001. Aunque esta deuda ya fue resuelta, continuará figurando como litigio hasta que se efectúe el pago, explicó Arias Minaya.
Además, otros montos en disputa incluyen S/453 millones que están siendo apelados ante la Sunat y S/528 millones que se encuentran en instancias del Tribunal Fiscal. La situación de Telefónica del Perú no es única dentro del grupo, ya que su subsidiaria, Telefónica Móviles S.A., también aparece en la lista de deudores con un total de S/221 millones en litigio, distribuidos entre Sunat, Tribunal Fiscal y Poder Judicial.
La situación de Telefónica del Perú refleja un desafío significativo en la gestión de deudas tributarias en el país, donde las disputas legales prolongadas afectan tanto a las empresas como a las arcas fiscales. La resolución de estos casos es crucial para el equilibrio financiero del Estado y para las operaciones de las empresas involucradas.
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