Martín Vizcarra declara luego de primer día de juicio oral: “No me voy a internar en una clínica ni me voy a autoeliminar”

El expresidente Martín Vizcarra enfrenta una posible condena de 15 años de prisión por su presunta implicación en delitos de cohecho relacionados con las licitaciones de Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Según el fiscal Germán Juárez, la pena se desglosa en 6 años por el caso de Lomas de Ilo y 9 años por el de Moquegua, al considerarse un concurso real de delitos.

A la salida del primer día de juicio contra el expresidente, declaró a la prensa: “La Fiscalía y la Procuraduría adviertieron un pedido de nulidad en el proceso, que es lo que ha hecho presente mi abogado”. Señala que la acusación del fiscal no tiene bases y ni argumentos, pese a las pruebas que lo acusan. Además, sostuvo que no saldrá del país: “No me internaré en una clínica ni tampoco me voy a autoeliminar”

El caso de Lomas de Ilo involucra acusaciones de corrupción en la adjudicación de obras públicas, mientras que el del Hospital de Moquegua se centra en presuntas irregularidades en la construcción de este centro de salud. Ambos casos han sido objeto de investigaciones que buscan esclarecer el papel del exmandatario en estos procesos.

El expresidente Martín Vizcarra enfrenta juicio oral por presuntos actos de corrupción relacionados con las obras del Hospital de Moquegua y el proyecto Lomas de Ilo. Este lunes 28 de octubre desde las 9 de la mañana en la Sala 1 del edificio Carlos Zavala, ubicado junto al Palacio de Justicia se desarrolla el proceso judicial en su contra. Este caso es dirigido por un tribunal presidido por Fernanda Ayasta, acompañada por los jueces Lorena Sandoval y Giovanni Félix.

Las acusaciones contra Vizcarra se centran en el presunto delito de cohecho pasivo propio durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Se le imputa haber cometido irregularidades en los procesos de licitación de las mencionadas obras públicas. Estos proyectos, de gran relevancia para la región, han estado bajo la lupa debido a las sospechas de corrupción que han surgido en torno a ellos.

El caso de Lomas de Ilo involucra un proyecto de ampliación de la frontera agrícola, mientras que el del Hospital de Moquegua se refiere a la construcción de un centro de salud en la región. Ambos proyectos fueron adjudicados durante el mandato de Vizcarra como gobernador, y las investigaciones apuntan a posibles sobornos recibidos a cambio de favorecer a ciertas empresas en los procesos de licitación.

Vizcarra enjuiciado

El expresidente de la República llegó a la sala donde se iniciará el juicio en su contra. En conversación con la prensa, el líder de Perú Primero dijo diferenciarse de los otros tres exmandatarios acusados. “Nunca he agarrado un centavo del Estado. Siendo presidente he trabajado con todos los gobernadores y alcaldes”; dijo poco antes de presentarse ante las autoridades; sin embargo, el proceso en su contra atiende a un presunto acto de corrupción cuando este ostentaba el cargo de gobernador regional de Moquegua.

La defensa legal de Martín Vizcarra presentó un recurso de nulidad de inicio del juicio en su contra, pero dice que aceptará la decisión que la sala tome sobre este. El expresidente recalcó que su pedido se sostiene en otro que habría hecho también el Ministerio Público. Se estima que el proceso dure cuatro meses al tratarse de un único funcionario cuestionado.

Vínculos con el Club de la Construcción

Junto a Vizcarra, también están siendo investigados Elard Tejeda Moscoso, ex gerente general de Obrainsa; Fernando Castillo Dibós, ex directivo de ICCGSA; y Rafael Granados Cueto, ex gerente comercial de ICCGSA.

El proyecto Lomas de Ilo fue adjudicado mediante un proceso de licitación pública internacional gestionado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), a petición del Gobierno Regional de Moquegua. En este proceso participaron dos consorcios: el consorcio Obrainsa-Astaldi, que ofertó aproximadamente S/. 86 millones, y el consorcio San Invercom, con una oferta de alrededor de S/. 249 millones.

Según el colaborador eficaz N° 10-2018, en noviembre de 2013, Elard Tejeda, entonces gerente de Obrainsa, habría sostenido reuniones que podrían estar vinculadas a los actos investigados. Estas reuniones y las circunstancias que las rodean forman parte del análisis que lleva a cabo la fiscalía para determinar la veracidad de las acusaciones y el grado de implicación de los involucrados.

La investigación busca esclarecer si durante la gestión de Vizcarra se cometieron irregularidades en la adjudicación y ejecución de los mencionados proyectos, lo que podría haber beneficiado a ciertas empresas en detrimento del interés público.

La investigación, iniciada el 16 de octubre de 2020, se centra en su gestión como gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014, y abarca los proyectos de Lomas de Ilo y el mejoramiento del Hospital Regional de Moquegua.

El Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ha tomado conocimiento de las declaraciones de los colaboradores eficaces N° 10-2018 y N° 1-2019, que sugieren la existencia de delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.

Defensa del expresidente solicita anular juicio

La Fiscalía ha solicitado una pena de quince años de prisión, según informaciones recientes. En respuesta, la defensa de Vizcarra ha presentado un recurso para anular el inicio del juicio oral, argumentando que se han vulnerado derechos fundamentales, como el debido proceso y el principio de legalidad procesal penal.

El recurso presentado por la defensa de Vizcarra busca detener el avance del juicio, alegando irregularidades en las declaraciones previas del exgobernador. Este argumento será evaluado en una próxima audiencia, donde se decidirá si el juicio continúa o si se acepta la nulidad solicitada.

Los cargos actuales solo se centran en su tiempo como gobernador de Moquegua, donde se le acusa de haber recibido pagos ilícitos a cambio de la ejecución de proyectos regionales. La defensa sostiene que el proceso judicial ha sido injusto y que no se han respetado los derechos de Vizcarra.