La presidenta Dina Boluarte anunció que el Poder Ejecutivo trabajará junto a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para hacer un “seguimiento financiero” a las remesas que envían los ciudadanos venezolanos residentes en Perú.
Especialistas calificaron esta y otras medidas que compartió la mandataria, como supervisar contratos labores y de alquiler, como discriminatorias.
“Se le va a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita que presente su contrato de trabajo y de alquiler. Haremos un seguimiento en el sistema financiero, a las divisas y remesas que se envían fuera del país para ver de dónde generan ingresos”, manifestó la jefa de Estado.
Medidas es inconstitucional
De acuerdo con el abogado penalista Jorge Zuñiga, esta propuesta es inconstitucional. En diálogo con el portal LP Pasión por el Derecho, indicó que vigilar el movimiento financiero de un ciudadano afecta su derecho al secreto bancario, al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad. Además, afectaría el derecho a la intimidad y la inviolabilidad bancaria.
“El delincuente de nacionalidad extranjera que delinque no es un delincuente que tenga un contrato de alquiler ni una persona que tenga un trabajo, es alguien que carece de esas características”, dijo al medio especializado.
En esa misma línea, el abogado tributarista Jorge Rodríguez sostuvo que “el hecho de que sea de una nacionalidad o no podría tornarse en un tema que podríamos decir inconstitucional”.
Por otra parte, Zuñiga manifestó que la Sunat carece de capacidad para revisar las remesas de forma arbitraria. Advirtió que incluso personas con malas intenciones podrían aprovecharse de la información financiera.
“No hay forma lícita alguna para materializar la propuesta. Si yo sé cuánto dinero tiene alguien en el banco, esto va a atentar contra la propia naturaleza de la dignidad de la persona humana, pero además va a poner las alertas en personas inescrupulosas que puedan querer aprovechar esta información para otro tipo de actividades”, explicó a LP Derecho.
Para Rodríguez, los bancos sí están en la capacidad de informar sobre la cantidad transferida a un cliente en un periodo de tiempo estipulado. No obstante, no puede compartir los detalles de esas transacciones, como el consumo en un establecimiento.
Medidas son discriminatorias
Jorge Zuñiga mencionó que la las medidas anunciadas por la jefa de Estado sí serían discriminatorias, ya que están dirigidas a una nacionalidad. “No hay justificación de que por el hecho de ser venezolanos tengan un trato de esta naturaleza”, aseveró.
“Yo estimaría que sí (es discriminatoria la medida) en tanto se está haciendo un trato diferenciado respecto a los nacionales y los extranjeros, en ese extremo”, agregó para LP.
Rodríguez confirma esta postura y establece que “toda persona en el Perú tiene los derechos que la Constitución le asigna”. “La constitución no ampara la discriminación, hasta podrían plantear acciones de amparo”, subraya.
Infobae Perú también dialogó con expertos en temas migratorios para conocer los alcances de los anuncios hechos por la mandataria.
Gabriel Vergara, especialista de Protección en VeneActiva, dijo que “es de especial preocupación escuchar un discurso así porque fomenta discursos de odio y xenófobos que alertan, no solamente a las personas venezolanas, sino a la comunidad internacional en general”.
“Alientan discursos que ampliamente han sido convocados a ser combatidos desde las Naciones Unidas, desde el sistema interamericano”, añadió.
“Es preocupante que estas posiciones se estén tomando en este momento, justamente cuando Perú también ha reconocido que el fracaso del modelo de gobierno de Venezuela y que la situación de violación de derechos humanos ha sido reconocida a nivel internacional. No estamos hablando de emigrantes en este momento, estamos hablando de desplazados forzados”, comentó por su parte Maholy Sánchez, especialista en refugio y líder de la Clínica Jurídica de VeneActiva.
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