Lucha infructuosa

“Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”. Esta es una frase que calza perfectamente con el desarrollo de algunas políticas públicas en nuestro país. Las que se aplican contra la minería ilegal, por ejemplo.

En los últimos veinte años, mediante una serie de normativas y planes, se ha pretendido contrarrestar, frenar, luchar, contra una actividad que año tras año no solo viene atentando contra el medio ambiente, sino también que promueve la extorsión, el sicariato y la trata de personas, sin obtener mayores resultados. Una lucha infructuosa.

En 2002 hubo intentos por formalizar a la minería artesanal, transfiriendo la responsabilidad a los Gobiernos regionales para ello. Diez años más tarde se diseñaron planes nacionales para formalizar. Y, en 2016, se creó el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), con un plazo de vigencia de tres años, que luego fue ampliado dos años más y luego por tres años más. Luego de ocho años de vigencia, solo figuran 18,561 registros vigentes de 84,518. Esto significa que apenas el 22% de los mineros registrados durante este periodo han logrado formalizarse.

Dicho resultado se amplifica si consideramos el universo de mineros ilegales e informales que ni siquiera figuran en el Reinfo. Según un estudio de la organización Capital Humano y Social Alternativo, la fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), hasta 430,000 mineros ilegales ni siquiera habrían sido identificados por el Reinfo.

Mineros artesanales y de pequeña escala existen en muchos departamentos. Arequipa, Puno, Madre de Dios, Ayacucho, Apurímac, La Libertad, Áncash, Cusco, Lima y Piura, son algunos de los departamentos donde se tienen mineros identificados e inscritos en el Reinfo, pero con un bajísimo resultado en materia de formalización.

Madre de Dios, seguramente epicentro de la minería ilegal en nuestro país, tiene 9,007 mineros registrados en el Reinfo, de los cuales solo 1,686 han logrado formalizarse; es decir, el 18.7% del total, por debajo incluso del promedio nacional. Ayacucho, por su parte, registra 7,768 mineros en el Reinfo, de los cuales solo 1,235 han logrado formalizarse; es decir, el 15.9% del total. Piura, registra 2,034 mineros en el Reinfo, de los cuales apenas 303 han logrado formalizarse; es decir, el 14.9% del total.

El caso del departamento de Piura es bastante particular. Hace veinte años, se pudo haber llevado a cabo el desarrollo de la minería formal y responsable en Tambogrande. No fue así por oposición social, so pretexto de que contaminaría ríos y se afectaría producción de mangos en el valle. Hoy, la minería ilegal instalada en la zona hace mucho daño. Violencia y devastación ambiental.

Así, la negativa a la gran minería, formal, responsable con el medio ambiente, que genera oportunidades mediante el pago de impuestos y compromisos con el desarrollo de sus zonas de afluencia, termina favoreciendo al desarrollo de la informalidad e ilegalidad, con las consecuencias que ellas traen.

Existen diagnósticos, informes, estudios, evidencia, estimaciones sobre cómo operan, dónde están y lo mal que le hace a la sociedad la minería ilegal. La lucha contra la minería ilegal demanda acciones más severas. Las normas, leyes o planes, no están funcionando. Urge actuar con inteligencia. Un ataque frontal de la mano con la Ley en beneficio del bien común. Los peruanos no debemos tolerar que actividades ilícitas como esta dominen las riendas de nuestra sociedad.