
Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, anunció que el Gobierno de Dina Boluarte ha declarado el estado de emergencia en varios distritos de la región de Puno debido al peligro inminente de contaminación hídrica. Esta medida, que se extenderá por 60 días, busca implementar acciones concretas para la remediación de la cuenca Llallimayo y asegurar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas.
En la víspera, durante la conferencia de prensa del Consejo de Ministros, Adrianzén explicó que el Ejecutivo está comprometido con atender las demandas de los gremios que participaron en el paro de transportistas. Aseguró que el Gobierno está abierto al diálogo con cada uno de ellos para alcanzar consensos que beneficien a todas las partes involucradas.
La declaración de emergencia abarca los distritos de Ayaviri, Cupi, Llalli y Umachiri en la provincia de Melgar, así como el distrito de Ocuviri en la provincia de Lampa. Según el dispositivo legal aprobado, el Gobierno Regional de Puno y los gobiernos locales, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y varios ministerios, deberán ejecutar acciones inmediatas para mitigar el alto riesgo existente.
Adrianzén enfatizó que durante este periodo se espera que diferentes sectores implementen medidas específicas para abordar la problemática ambiental en la región. Además, anticipó que, tras estos 60 días, se continuará brindando asistencia y colaboración a las comunidades afectadas.

“Pretendemos que en este periodo diferentes sectores ejecuten medidas concretas que ayuden a la remediación de la cuenca Llallimayo y facilitar agua potable a estas comunidades. Vendrá una etapa posterior en la que se seguirá brindando asistencia y colaboración”, indicó el premier Adrianzén.
El plan de acción involucra a los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ambiente, Producción, Energía y Minas, Interior y Defensa. Estas entidades trabajarán de manera conjunta para reducir el riesgo y mejorar las condiciones de vida de los habitantes de las zonas afectadas.
Cuenca Llallimayo en emergencia
Relaves mineros en la cuenca de Llallimayo han generado una situación crítica en la región de Puno, al contaminar peligrosamente el agua. Esta problemática ha llevado al gobierno de Dina Boluarte a declarar un estado de emergencia en varios distritos de la región, una medida que se extenderá por 60 días con el objetivo de implementar acciones de remediación y asegurar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas.

El Consejo de Ministros, presidido por Gustavo Adrianzén, ha tomado esta decisión debido a la amenaza inminente que representa la contaminación hídrica para la vida de los ciudadanos en los distritos de Puno. Esta es la segunda vez en el año que se declara la emergencia en la cuenca de Llallimayo, lo que subraya la gravedad del problema. Las aguas no tratadas vertidas en la cuenca han elevado los niveles de contaminación, afectando tanto la calidad como la disponibilidad del agua para los ecosistemas y las comunidades humanas.
En el contexto de esta crisis, el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca (PELT) ha recibido un fondo de S/1.600 millones para llevar a cabo estudios sobre la derivación y recuperación de las aguas del lago. Este financiamiento busca abordar los efectos de los relaves mineros, que son residuos de la minería con potencial para causar un impacto grave en el agua si no se manejan adecuadamente.
La contaminación por relaves mineros no solo ha vuelto inoperable el lago, sino que también ha representado un riesgo significativo para la salud de la población local.
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