Un reporte difundido este viernes por Hildebrandt en sus trece ha revelado la pérdida de rastro de un millón y medio de soles desviados desde la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) a la oficina de la presidenta Dina Boluarte. Según la investigación, los fondos fueron transferidos en octubre de 2023 por solicitud del entonces jefe de Gabinete, Alberto Otárola, bajo una medida implementada durante la administración de Pedro Castillo (2021-2022) que permitía el intercambio de partidas presupuestarias entre instituciones.
El expremier requirió autorización al Ministerio de Economía y Finanzas para realizar una transferencia de 1′528,000 soles del presupuesto de Devida a la oficina de la Presidencia. Para justificarla, argumentó que los recursos se destinarían a asistencia técnica y administrativa para la jefa de Estado, lo que contribuiría a la “paz social y gobernabilidad, concertación y diálogo nacional, protección social para el desarrollo y lucha contra la corrupción, orden público y seguridad”, según un decreto supremo.
A pesar de que el despacho presidencial ya contaba con un presupuesto de 38′773,773 soles para estos fines, el gasto adicional ha suscitado dudas sobre posibles irregularidades. Consultados por el semanario, un exasesor de Palacio de Gobierno y dos funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) dijeron no saber sobre el destino del dinero.
“Los presidentes tienen una planta permanente de asesores. Cada jefe de gabinete arma el perfil de su equipo, pero obviamente tendría que haber al menos un asesor especializado en temas como orden interno. El presidente puede tomar una asesoría puntual, llamar a gente para pedir opiniones, pero en mi experiencia eso nunca se paga. Es pro bono”, indicó un exconsejero de la actual administración citado en el informe.
La página de transparencia del despacho presidencial no muestra rastros de consultorías específicas sobre “paz social” y seguridad. Las únicas consultorías registradas en el último año suman poco más de 22,000 soles, de acuerdo con el semanario. Por su parte, Palacio de Gobierno respondió que el año pasado a Devida le sobró presupuesto. “Es una práctica gubernamental que, próximo al cierre del año, las entidades identifiquen recursos que no van a ejecutar, siendo así que la PCM realice la transferencia de recursos”, señaló.
En tanto, la oficina de prensa de Boluarte explicó que el dinero sirvió para cumplir con políticas generales de gobierno, como el suministro de energía, agua, viáticos y comisiones de servicios.
En septiembre último, la Fiscalía presentó al Congreso una denuncia constitucional contra Otárola por presunta corrupción y colusión en la contratación de Rosa Rivera Bermeo en Devida. La investigación surgió tras un informe de Panorama, que reveló que Rivera y la expareja de Otárola, Yaziré Pinedo, obtuvieron puestos estatales después de reunirse con él, irregularidades que el expremier negó en su momento.
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