
Las causas del violento crimen en un bus de transporte público en el Callao, que acabó con la vida de cuatro personas y dejó a otras tres gravemente heridas, aún están en investigación. Sin embargo, las autoridades descartaron que este atentado haya sido un nuevo caso de extorsión contra unidades de transporte, ya que en realidad se trataría de un ajuste de cuentas, pues una de las víctimas estaría vinculada a la peligrosa banda criminal ‘Los Vílchez’.
Algunas horas después del ataque, cuando se manejaban diferentes versiones sobre lo ocurrido, el Ministerio del Interior difundió un comunicado en el que señala que la tesis policial inicial indica que se trataría de un ajuste de cuentas. “Entre las víctimas se encontrarían dos miembros de la banda criminal ‘Los Vílchez’, dedicada al sicariato, cobro de cupos y robo”, reza la publicación.
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Esto fue confirmado posteriormente por el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien respaldó la información dada en el comunicado. Sin embargo, evitó ofrecer mayores declaraciones, ya que dijo que aún estaba en investigación.
“Tenemos conocimiento de que, penosamente, los hechos acontecidos no están vinculados a un tema de extorsión, sino a un ajuste de cuentas, presumiblemente de una organización criminal que ya tenemos identificada”, indicó Santiváñez. Luego, uno de los reporteros le pidió más información sobre ‘Los Vílchez’, la banda criminal a la que se hace referencia en el comunicado, a lo que Santiváñez respondió: “Estamos en proceso de investigación; mientras eso dure, no puedo brindarle mayor información respecto a este tema”.
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‘Los Vílchez’
Según el comunicado del Ministerio del Interior, en el vehículo había dos personas pertenecientes a esta banda criminal, que serían el chofer y su pareja. Ambos eran el objetivo de este atentado. ‘Los Vílchez’ es una organización dedicada al cobro de cupos, la extorsión y el sicariato.

La víctima que sería el nexo con la organización criminal es Josmerie Vílchez, cobradora del vehículo. La primera hipótesis que maneja la PNP es que el crimen estuvo cuidadosamente planeado, puesto que la ruta que cubrían era la misma todos los días y siempre salían por la noche.
El conductor del vehículo fue identificado como Eduardo Carreño Álvarez, ciudadano de nacionalidad venezolana, quien también era pareja sentimental de Josmerie. Familiares de la joven indicaron que ese día ella no estaba trabajando; simplemente había salido a acompañar a Carreño.
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Amigos de Josmerie la describieron como una mujer trabajadora, que junto a su pareja alquilaban la combi, pero esperaban poder comprarla en el futuro. La joven no cuenta con antecedentes penales, salvo una detención por consumo de drogas en el mismo paradero donde trabajaba y también denunció a su expareja por agresión.
Sin embargo, no es la primera vez que un miembro de la familia muere de forma violenta. En 2015, hubo un asesinato también en el Callao, vinculado al cobro de cupos de construcción civil. La víctima de este atentado fue John Robert Vílchez Alcalde, padre de Josmerie, según informó Panamericana.l. La víctima de este atentado fue John Robert Vílchez Alcalde, padre de Josmerie, según informó Panamericana.
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Línea 111
En un esfuerzo por combatir la extorsión y proteger a la ciudadanía, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú ha implementado la línea telefónica 111. Esta medida busca ofrecer un canal directo para que los ciudadanos puedan reportar casos de extorsión de manera rápida y efectiva, según informó el MTC.
La decisión de asignar esta línea responde a la creciente preocupación por la seguridad ciudadana y la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia. El MTC ha destacado la importancia de esta iniciativa como parte de una estrategia más amplia para enfrentar el crimen organizado y proteger a la población de amenazas y actos delictivos.
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El uso de la línea 111 permitirá a los ciudadanos comunicarse de manera gratuita y confidencial con las autoridades pertinentes. Este servicio está diseñado para facilitar la recopilación de información que pueda ser utilizada en investigaciones y acciones legales contra los responsables de extorsiones.
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