La comunidad arbitral peruana ha expresado su descontento con el Decreto Legislativo 1660 aprobado por el Gobierno de Perú en septiembre, que establece la obligatoriedad de registrar tanto a los centros de arbitraje como a los árbitros en el Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje (Renace).
Según el decreto, publicado bajo el paraguas de facultades legislativas concedidas por el Congreso en julio pasado, el Renace busca fortalecer el servicio arbitral y proporcionar a los ciudadanos información que les permita tomar decisiones más informadas sobre el arbitraje.
En un comunicado conjunto, encabezado por la Cámara de Comercio de Lima, su Centro de Arbitraje, la ICC Perú, la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú) y su Centro Internacional de Arbitraje, así como la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y la Cámara de Comercio de Piura, se critica que el decreto fue aprobado sin consultar a los operadores relevantes ni a la comunidad en general. Estas organizaciones solicitan ser convocadas para lograr una regulación técnica y eficiente.
Además, se oponen a la existencia de dos registros separados para árbitros e instituciones en diferentes organismos, calificándolo de ineficiente y antitécnico, lo que genera mayores costos tanto para los usuarios como para el Estado.
Otra preocupación manifestada es la falta de requisitos que avalen la trayectoria de las instituciones de arbitraje inscritas. También se señala que la obligatoriedad de registro para los árbitros podría limitar la libertad de las partes para elegir a su árbitro preferido.
Renace, los árbitros y la posición del MINJUSDH
El gobierno peruano ha subrayado que la implementación de esta normativa es un paso importante para garantizar la integridad del sistema de justicia en el país.
Al centralizar la información sobre los árbitros y los centros de arbitraje, se espera que el Renace contribuya a una mayor transparencia y confianza en los procesos arbitrales, lo que podría tener un impacto significativo en la forma en que se perciben y se llevan a cabo estos procedimientos en Perú.
La creación de esta normativa también pretende alcanzar estándares de profesionalismo en el arbitraje, verificando la legitimidad de los árbitros y mejorando la calidad e imparcialidad de los procesos.
El Renace es un registro dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y contemplará información sobre los árbitros, su formación profesional, experiencia e integridad, y sobre centros de arbitraje. Ha registrado hasta la fecha a 3.916 árbitros y 268 centros de arbitraje.
Facilitar el acceso a los arbitrajes
La inscripción obligatoria en el Renace se implementará 60 días después de la publicación del reglamento que desarrolla esta nueva norma, que es una disposición complementaria del Decreto Legislativo 1071, según un comunicado reciente.
Esta medida busca fortalecer la eficacia del arbitraje como mecanismo de resolución de disputas, ofreciendo una solución rápida y eficiente para controversias derivadas de contratos menores a 8 Unidades de Impuesto Tributaria (UIT).
El objetivo principal de esta iniciativa es promover el uso del arbitraje como una alternativa viable y eficiente para resolver disputas contractuales, especialmente en casos de menor cuantía. La implementación de este sistema busca reducir la carga en los tribunales y ofrecer a las partes involucradas una solución más expedita.
Al facilitar el acceso al arbitraje, se espera que más personas y empresas opten por este método, contribuyendo así a una justicia más ágil y accesible.
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