
Los familiares de Angélica del Carmen La Rosa Barraza, una instructora de educación inicial de 44 años, denuncian que su ser querido perdió la vida en una clínica clandestina ubicada en el distrito de Lince.
Ella acudió a este centro estético sin autorización para funcionar, el cual tampoco cuenta con un nombre registrado o publicidad alguna, en busca de realizarse una liposucción, sin embargo, falleció producto de un edema cerebral y pulmonar.
Según relató su hijo a Buenos Días Perú, matutino de Panamericana Televisión, la intervención quirúrgica ocurrió el pasado viernes 20 de septiembre a las 2 de la tarde. Tras ella, la mujer fue llevada a la sala de recuperaciones. Cuando ellos ya se encontraban descansando en la madrugada del día siguiente, reciben una llamada para informarles que La Rosa Barraza había muerto.
“Cuando llegamos a la clínica, el doctor estaba muy desconcertado. No sabía que había pasado. Lo único que atinaba a decir era que fue su responsabilidad. Dado ello, procedimos a poder buscar si tenía denuncias y nos dimos cuenta de que tenía denuncias por ejercicio ilegal de la profesión”, agregó en referencia a doctor Federico Salazar Navarro, quien no figura en el Registro Nacional de Especialidades del Colegio Médico del Perú.
“El centro (estético) no contaba con licencia de funcionamiento, no contaba con ningún tipo de licencia para poder funcionar o brindar algún tipo de servicios. (Federico Salazar Navarro) es un médico en general, (el centro) era una casa con ventanas de vidrio, no tenía ni una cama UCI, no había monitoreo para que puedan chequear la frecuencia cardiaca, las pulsaciones y todo lo demás”, lamentó Montalvo.

Trascendió que Salazar Navarro ya se encuentra en poder de la Policía Nacional del Perú (PNP). La División de Investigación de Homicidios de la Dirincri será la encargada de indagar sobre lo ocurrido con Angélica del Carmen La Rosa Barraza.
Cabe precisar que los médicos o especialistas que incurran en una conducta que genere una afectación hacia su paciente, entre ellas una lesión leve, grave o la muerte, serán sancionados con penas privativas de la libertad que fluctúan entre uno y seis años, dependiendo de la magnitud del resultado.
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