
La Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP) llevaron a cabo un operativo significativo en el centro poblado de El Alamor, ubicado en el distrito de Lancones, provincia de Sullana, en la región Piura.
La intervención, ejecutada a las 20:45 horas del último martes, se centró en la custodia y traslado de 15 ciudadanos extranjeros que han sido sancionados con la expulsión del territorio nacional.
El operativo fue conducido por la teniente PNP Deyanira Castro Aguilera, quien lideró un equipo especializado de quince agentes policiales de la Unidad de Seguridad del Estado PNP.
La acción se desarrolló en un contexto de creciente preocupación por el cumplimiento de las normativas migratorias en el país, con un enfoque particular en asegurar que los procesos de expulsión se realicen de manera eficiente y conforme a la ley.

Los ciudadanos extranjeros, procedentes de Colombia y Venezuela, fueron sujetos a medidas de expulsión debido a diversas infracciones al Decreto Legislativo 1350, el cual regula la situación migratoria en Perú.
Este documento establece los procedimientos y las sanciones aplicables a los ciudadanos extranjeros que no cumplen con las normativas migratorias del país.
Los ciudadanos extranjeros que han sido objeto de expulsión del Perú incluyen a Katerin Lisbet Mosquera Osorio, Héctor David Angulo Valencia, María Cristina Carabali Hinojosa, Ángel Luis Vallenilla Diaz, Jheferson Leonel Uzcátegui Linanez, Richard de Jesús Quintero Umbría, Davinson Smith Montagut Jerez, Manuela Salomé Duarte Acuña, María Nury Banguera Sánchez, Cleira Delfina Márquez Romero, Jhean Carlos Rosado Cáceres, Yiligan de Jesús Rodríguez Jiménez, Jhostyn Michael Torres Lucena, Daniel José Urbina Sánchez, y Gabriel Alfonso Lobo Maita.
A todos estos individuos se les ha impuesto una prohibición de ingresar al territorio peruano por quince años, como parte de las sanciones establecidas bajo la Resolución 000519-533/2024 de Migraciones.
La unidad policial designada se encargó de asegurar que el proceso se realizara sin contratiempos, desde la custodia en el centro poblado de El Alamor hasta su entrega final en el puesto de control fronterizo de la misma localidad. En este punto, los agentes entregaron a los expulsados a las autoridades de Migraciones, quienes formalizaron su salida del país.

Extranjeros expulsados
En una conferencia de prensa en octubre pasado, Eduardo Arana, ministro de Justicia, advirtió que aquellos extranjeros que hayan sido expulsados del Perú, ya sea por delitos o por infracciones administrativas de Migraciones, enfrentarán graves sanciones si intentan reingresar al país.
Entre las medidas contempladas, se encuentra la posibilidad de encarcelamiento para quienes intenten regresar con la intención de cometer nuevos actos ilícitos.
El titular resaltó que este tema ha sido identificado y examinado minuciosamente por su sector, por lo que llegó a la conclusión de que una solución legal es fundamental para evitar que personas con antecedentes delictivos vuelvan a ingresar al territorio nacional. La nueva normativa permitirá aplicar penas de prisión a quienes desafíen las disposiciones de expulsión y pretendan reincidir en actividades ilegales.

Cabe precisar que, durante el 2023, la Superintendencia Nacional de Migraciones reportó la prohibición de entrada a 2.170 extranjeros en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el principal punto de control migratorio del país. De este total, 455 personas fueron sometidas a un exhaustivo control secundario, tras ser catalogadas como posibles amenazas para la seguridad, según las evaluaciones del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS).
A través de un comunicado, Migraciones explicó que el objetivo de estos controles es fortalecer la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de las normativas migratorias. Las principales causas de denegación de ingreso incluyeron la falta de visado, documentos de viaje no válidos y el incumplimiento del perfil de turista requerido.
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