El Ministerio Público, a través del Equipo Especial Lava Jato dirigido por el fiscal Germán Juárez Atoche, ha firmado un acuerdo de colaboración eficaz y beneficios con la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y la Procuraduría Pública Ad Hoc - Caso Odebrecht. Dicho acuerdo incluye una considerable obligación de pago y ciertas restricciones comerciales para la empresa colaboradora.
Tal como informó la entidad a través de un comunicado, ICCGSA deberá pagar una reparación civil equivalente a S/ 181′173,225.65 tan pronto como el documento sea homologado por el órgano jurisdiccional competente. Además, la empresa enfrentará una sanción que le impide contratar o participar en los procesos de selección relacionados con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por los próximos dos años.
Cabe mencionar que esta prohibición abarca roles como postor, contratante, consorciado y subcontratado en licitaciones de infraestructura vial y mantenimiento vial.
Asimismo, el acuerdo también impacta a los exejecutivos de ICCGSA, quienes en su calidad de personas naturales colaboradoras, han recibido una pena privativa de libertad de cuatro años, suspendida condicionalmente bajo un periodo de prueba de dos años y el cumplimiento estricto de reglas de conducta preestablecidas.
Según el documento, dentro del marco del Caso Odebrecht, el proceso de colaboración eficaz corporativa abarca varias investigaciones significativas. Estas incluyen el Club de la Construcción, los tramos 2 y 3 del proyecto IIRSA Sur, la ampliación y mejoramiento del Hospital de Moquegua, el Servicio de Redes Viales Nacional de Cusco, el mejoramiento de la Carretera Variante Uchumayo-Arequipa y la Red Vial Huallaga Central-San Martín.
Juez brasileño prohíbe compartir pruebas de Jorge Barata
Jorge Barata y Luiz Antonio Mameri, exdirectivos de Odebrecht, no podrán testificar en tribunales peruanos debido a la decisión del juez José Dias Toffoli del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Esta medida, dictada a mediados de agosto, ha constituído un revés significativo para las autoridades judiciales del Perú, quienes contaban con estas declaraciones para respaldar varios casos judiciales relacionados con el escándalo Lava Jato.
El fallo, emitido el pasado 20 de agosto, responde a una solicitud presentada por Barata y Mameri. Los exejecutivos argumentaron que, pese a la prohibición previa del mismo magistrado en 2023 sobre el uso de pruebas obtenidas a través de los sistemas informáticos MyWebDay y Drousys en el caso del expresidente Ollanta Humala, continuaban siendo citados para declarar en otros procesos.
En vista de esto, solicitaron la extensión de dicha prohibición a otros casos en los cuales aún eran llamados como testigos, incluyendo los de Keiko Fujimori y Alejandro Toledo.
La decisión judicial implica la restricción del uso de todas las pruebas relacionadas con Barata y Mameri en distintos procesos judiciales peruanos, una medida que se extiende más allá del caso Humala para incluir también otros procedimientos en curso.
Además, el magistrado Toffoli ordenó la devolución de todas las evidencias previamente compartidas con Perú, abarcando desde las declaraciones de los exejecutivos hasta los documentos suministrados a las autoridades peruanas.
“Accedo parcialmente a la solicitud formulada por estos expedientes y amplío los efectos de las decisiones dictadas para declarar la inutilidad, según el ordenamiento jurídico brasileño, respecto de los denunciantes, de las pruebas obtenidas a través de los sistemas Drousys y My Web Day B, utilizados en el acuerdo de colaboración de Odebrecht”, se lee en el documento difundido por Perú21.
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