La Corte Suprema de Justicia mantuvo la condena de 12 años de prisión para el exministro y excongresista Daniel Urresti, culpable del asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, en Ayacucho, crimen catalogado como un delito de lesa humanidad. De acuerdo a Diario La República, la sentencia, que fue dictada en abril de 2023 por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Liquidadora, fue ratificada por unanimidad por los jueces de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema.
Urresti, quien se encuentra encarcelado desde abril de 2023 por los mismos cargos, había solicitado la anulación de la condena mediante un recurso, pero cinco jueces de la Corte Suprema rechazaron su petición. Aunque la magistrada Susana Castañeda propuso reducir la pena a 11 años y 3 meses, esta proposición no fue aceptada por el resto del tribunal, que decidió mantener la condena original de 12 años. Ahora se espera que la cumpla hasta el 11 de abril de 2035.
Memoria: fueron 35 años de lucha
La resolución fue emitida el 19 de julio de 2023, antes de que la Ley 32107 entrara en vigor. Como se sabe, esta norma ha suscitado controversia debido a que permitirá la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, generando inquietud entre las víctimas y defensores de derechos humanos, quienes temen que facilite la liberación de condenados como Urresti, acusado también por violación en agravio de Ysabel Rodríguez Chipana.
En ese posible contexto, Sharmeli Bustíos, hija del periodista asesinado, se ha opuesto a la posibilidad de que la normativa permita la impunidad. Recientemente, a través de su cuenta de X (antes Twitter), señaló que no se puede aceptar una ley que atente contra los derechos y que en un país con numerosos casos aún impunes, esta resulta inaceptable.
“No se puede dar tregua a la “Ley de Impunidad” en un país como el nuestro, con tantos casos por resolver. Es inconstitucional y una afrenta para quienes venimos luchando por hallar justicia”, agregó.
¿Qué ha dicho el Ministerio Público?
Hace poco, el Ministerio Público anunció mediante un comunicado una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107, advirtiendo que su aplicación podría resultar en la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad. Entre ellos están: Chuschi, la matanza de El Frontón, Huanta 84, Barrios Altos, La Cantuta, El santa-Aldo Velásquez, Huancapi, Cedruyo, Madre mía, Universidad del Centro, Putis, Sobres Bomba, Castro Castro, Accomarca, Galván Borja.
En esa línea, la Fiscalía argumenta que la ley infringe principios fundamentales del derecho internacional y constitucional, con un impacto directo en 550 víctimas y 600 casos. Estos incluyen investigaciones y procesos judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000), los cuales podrían ser archivados o concluidos penalmente debido a la prescripción.
Los favorecidos
Alberto Fujimori, exdictador condenado en 2009 por violaciones a los derechos humanos, sería uno de los principales beneficiarios de la nueva norma promovida por el partido Fuerza Popular (FP), dirigido por su hija Keiko Fujimori. Asimismo, la norma podría favorecer a otros condenados o acusados por crímenes durante el régimen de Fujimori, como Vladimiro Montesinos, así como exmiembros de los grupos terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
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