La Comisión Permanente del Congreso se reunió este miércoles sin permitir el acceso de periodistas ni medios de comunicación para cubrir, entre otros asuntos, el debate y la votación sobre la propuesta del Gobierno para el nuevo contralor de la República. Los reporteros presentes no pudieron ingresar a la Sala Grau, donde se llevó a cabo la sesión a puertas cerradas, a diferencia de las reuniones habituales que se realizan en el hemiciclo.
Solo el canal oficial transmitió las imágenes de la sesión, en la que se discutió la elección de los nuevos integrantes de la Mesa Directiva y se aprobó la designación de César Aguilar como contralor. Al inicio, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, criticó a la Policía Nacional (PNP) por retirar las rejas instaladas en la Av. Abancay sin coordinación previa, lo que, bajo su mirada, comprometía la seguridad del Palacio Legislativo.
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A través de un comunicado, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) indicó que este bloqueo a la prensa es un atentado contra la transparencia y el derecho de acceso a la información pública. “El 24 de julio de 2024, [...] Soto prohibió el acceso de la prensa a la última sesión de la comisión permanente [...] La medida impuso que reporteros y reporteras sigan la sesión a través del canal de televisión del Congreso”, se lee en el texto.
Por su parte, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) rechazó la decisión y demandó la revocación inmediata de esta disposición. “Esta medida, además de poco transparente, atenta contra el derecho a la información de la ciudadanía [...] Disponer que [los reporteros] sigan sesión por canal del Congreso es manifiesta restricción a cobertura”, subrayó el gremio.
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La última vez que el legislador dio una entrevista fue el 22 de agosto de 2023, cuando declaró al medio RTV El Diario de Cusco que “poco o nada” le interesa lo que digan los periodistas. Desde que asumió el cargo, Soto ha ofrecido solo una conferencia de prensa y tres entrevistas a medios independientes.
Querella
A mediados de julio, Alejandro Soto querelló a la periodista Yéssica Bazalar por afirmar que es “uno de los políticos que más avergüenza al Cusco” en su programa radial en febrero de 2024. Soto argumentó que estas palabras afectaron su honor y reputación, por lo que pidió una rectificación, sanción penal y S/100,000 de reparación civil.
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La segunda querella surgió tras un informe de Latina que reveló presuntas irregularidades en la compra de un mausoleo en Cusco.
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