Jaime Villanueva, exasesor de la destituida fiscal Patricia Benavides, confirmó este miércoles que testificará en el juicio por lavado de activos que enfrenta la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a raíz de los supuestos aportes ilegales a sus campañas electorales.
“Sí, tengo que acudir, es mi obligación y es parte de la colaboración que tengo con la justicia. Estoy colaborando con el esclarecimiento de todos los hechos, sin distinción alguna. No soy un operador político. Si el Poder Judicial tiene a bien citarme, yo acudiré”, dijo a la prensa en los exteriores del Ministerio Público, donde acudió a prestar una declaración.
Acompañado de su abogado, Luis Capuñay, Villanueva explicó que su testimonio data desde la incorporación del magistrado al Equipo Especial Lava Jato, que pide 30 años de cárcel para Fujimori al señalarla como la cabecilla de una organización criminal que opera al interior de su partido político.
La defensa de Fuerza Popular, Christian Salas, había informado que el exasesor declararía para demostrar que el proceso contra la excandidata presidencial fue “sobredimensionado” y “armado”; sin embargo, el abogado de Villanueva indicó que brindaría una “información distinta”.
“Que no se entienda que no cuenta con información del caso Cócteles, sino que no cuenta con información que proporcione el doctor Salas, sino una información distinta”, aclaró Capuñay. El colaborador eficaz se declaró sorprendido de que el letrado de la cúpula fujimorista lo haya ofrecido para intervenir en el juicio, que cuenta con más de 40 acusados.
A su salida de la Corte Penal Nacional, donde se ventila el caso, el fiscal José Domingo Pérez adelantó que el exasesor acudiría a las audiencias. Villanueva asegura que coordinó con el magistrado su traslado de la Fiscalía Anticorrupción al equipo Lava Jato. Sin embargo, Pérez ha negado cualquier “necesidad de comunicación” con la exfiscal de la Nación para dicho cambio.
En diciembre pasado, el fiscal solicitó las pruebas recabadas por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) sobre presuntos vínculos ilícitos entre congresistas y Patricia Benavides, acusada de liderar una red criminal de tráfico de influencias. Domingo Pérez dirigió un oficio a Pablo Sánchez, exjefe interino del Ministerio Público, pidiendo el informe del Eficcop para incluirlo en el juicio contra Fujimori.
El juicio oral contra Fujimori se debe a los presuntos millonarios aportes que recibió de empresas, como Odebrecht, para sus campañas electorales de 2011 y 2016. Miembros cercanos de su partido aparentemente actuaron como intermediarios. Para justificar esos fondos, organizaron cócteles con simpatizantes y recurrieron a amigos y conocidos para simular grandes aportes en efectivo.
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