
La lucha contra la inseguridad ciudadana en el Perú se encuentra en estado crítico, o al menos es así como lo interpreta el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini), Juan Carlos Liendo, que indicó no solo que este problema está avanzando a pasos acelerados a nivel nacional, sino que además la capacidad del Estado para responder a la criminalidad no se encuentra a la altura de la situación actual.
A raíz de la captura de un criminal que se autoproclamó ‘el Maldito Cris II’, Liendo sostuvo que actualmente hay un sector de la ciudadanía que “se identifican con los líderes de los criminales porque es la única referencia de poder y orden que tienen (...) ese es el ambiente donde viven muchachos como el que estamos viendo, eso es una fatalidad”, indicó en el programa 2024.
En ese sentido, el exjefe de la Dini también consideró que era necesario aplicar medidas que puedan controlar el avance del crimen organizado, al que señaló como un “problema grave (...) Las capacidades de respuesta del Estado no corren a la misma velocidad de cómo varía o cambia el crimen. Esto requiere nuevas respuestas (...)”, aseguró.

El distrito de Lima con mayor percepción de inseguridad
Un reciente estudio de la Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC) confirmó la percepción de inseguridad que siente la ciudadanía de los distritos limeños y reveló cuáles son los que ocupan los primeros lugares.
Dicha investigación, que evalúa cómo los ciudadanos evalúan el riesgo de delincuencia en sus áreas, sitúa a San Martín de Porres en el tope del actualizado ranking, con un 95.5 % de los consultados expresando una alta sensación de peligro.x
De acuerdo al análisis del MIC, la experiencia directa o indirecta con el crimen, así como la influencia de noticias de gran impacto, son las principales razones detrás de la preocupación ciudadana.

Dentro de este contexto, distritos como San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores siguen en la clasificación con percepciones de inseguridad del 94 % y 92.8%, respectivamente.
Perú retrocedió seis años en la lucha contra la inseguridad ciudadana
Según los datos recopilados por el INEI en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, 2014-2023, el Perú ha retrocedido casi siete años en la lucha contra la inseguridad ciudadana, con datos cercanos a los registrados en el año 2017. Esto se debe al aumento del porcentaje de la población urbana mayor de 15 años que ha sido víctima de un hecho delictivo.
El documento señala que entre los años 2021 y 2023 la cantidad de ciudadanos peruanos que indicaron haber sido víctimas de algún hecho delictivo de cualquier tipo pasó de ser 18,2 % (2021) a 27,1 % (2023). Viendo la evolución de este registro a lo largo de los años, esta cifra se ubica en los niveles registrados entre los años 2016 (28,8 %) y 2017 (26,4 %).
Más Noticias
BTS en Perú: Cómo comprar entradas en preventa por Ticketmaster y no fallar en el intento
Con el anuncio de los conciertos, ARMY en Perú se prepara para una de las ventas de entradas más competitivas de los últimos años

Paulo Autuori preocupado por el aumento de cupo de extranjeros en Liga 1: “¿Qué clase de recambio generacional hará Perú?
Al entrenador de Sporting Cristal le desagrada totalmente la nueva medida que impulsará la organización del fútbol nacional. “Me niego”, sostuvo

Aumenta el contrabando de gas desde Bolivia: “Sigue siendo más barato que el peruano” y cruza por rutas sin control
La diferencia de precios, casi el triple, impulsa un contrabando sostenido de gas licuado, con pasos fronterizos sin control efectivo y participación de actores locales, mientras familias bolivianas enfrentan largas filas para abastecerse

Promperú lanza convocatoria de trabajo 2026 en Lima y 7 regiones: ofrece sueldos de hasta S/ 10.000
En total se ofrecen 16 plazas para profesionales universitarios, bachilleres y egresados técnicos que puedan desempeñarse en distintos departamentos como La Libertad, Piura, Puno, Cusco y Tacna.

Petroperú y el concurso que rozó la puerta: cómo un decreto le compró tiempo al Estado
La medida tomada a través de un decreto de urgencia permitió suspender temporalmente el riesgo de que la petrolera estatal quede en manos de acreedores y pierda la capacidad de gestión pública sobre sus activos


