El Poder Judicial ordenó, este viernes 28 de junio, a la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Defensa (Mindef), que cumpla con la entrega de los planes operativos elaborados para el control de las protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ocurridas en nueve departamentos en los años 2022 y 2023.
A través de un comunicado, publicado en sus redes sociales, la entidad señaló que esta decisión fue emitida por la Sala Penal Permanente, presidida por el juez supremo César San Martín, “que declaró infundadas las apelaciones de las procuradurías de las entidades antes referidas, en la investigación contra la presidenta Dina Boluarte y el expremier Alberto Otárola”.
Además, esta investigación también incluye a los exministros del Interior, Víctor Eduardo Rojas Herrera, César Augusto Cervantes Cárdenas y Vicente Romero Fernández; el exministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta; y el extitular de la PCM, Pedro Miguel Angulo Arana, por delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves en agravio de la sociedad y otros.
El fallo precisa que “la investigación se sitúa en una posible violación de derechos humanos que el Estado está, en esta etapa procesal, en el deber de esclarecer y llegar a la verdad de lo sucedido”; ante los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
Ministerio Público deberá custodiar documentos
En esta misma resolución, el tribunal supremo también señala que “el Ministerio Público debe custodiar, bajo control judicial, la reserva investigativa de esos documentos para evitar riesgos añadidos a la seguridad pública”.
“Determinar si es legal y razonable que, en los marcos de la investigación penal del Ministerio Público, cuente con diversos planes de operaciones de la Policía Nacional del Perú y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas elaborados para el control del conjunto de manifestaciones ocurridas en los departamentos de Apurímac, La Libertad, Junín, Ayacucho, Arequipa, Puno, Ucayali, Cusco y Lima, entre los días 10 al 19 de diciembre de 2022 y del 9 de enero al 28 de enero de 2023, así como las comunicaciones remitidas por la Presidencia de la República, Presidencia del Concejo de Ministros, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, incluidas sus diversas dependencias, relacionadas con el control de dichas manifestaciones”, se indica en la mencionada resolución.
En esa línea, dentro de los fundamentos de investigación también se busca el esclarecimiento de delitos especialmente graves, “bajo cargos de ejercicio desproporcionado de la fuerza por la Policía Nacional y el Ejército a partir de órdenes dictadas por las máximas instancias del Poder Ejecutivo con un resultado de numerosos muertos y heridos”.
Boluarte enfrentaría captura internacional
Cabe recordar que la presidenta Boluarte fue denunciada ante la Corte Penal Internacional (CPI) por los presuntos crímenes de lesa humanidad derivados de la muerte de al menos 50 personas durante las protestas que se llevaron a cabo en contra de su Gobierno.
La demanda, presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) el 25 de junio, destaca la gravedad de los hechos registrados entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
Gloria Cano, abogada de Aprodeh, explicó a Infobae Perú que la decisión de recurrir a instancias internacionales se tomó debido a la falta de garantías en el sistema judicial peruano. “No tenemos ninguna garantía de que dejarán investigar al Ministerio Público y que respeten su fuero”, afirmó Cano. Este argumento se basa en informes de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
El documento de la denuncia documenta que las muertes y lesiones ocurrieron durante un conflicto en el que se reportaron 49 asesinatos y al menos 155 personas gravemente heridas. Entre los eventos más significativos se encuentra el caso de Juliaca, en Puno, donde 18 personas murieron en un lapso de cuatro días. Cano subrayó que uno de los puntos clave de la denuncia es la estigmatización de los manifestantes, quienes fueron etiquetados como terroristas para justificar el uso letal de la fuerza.
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