El ministro de Educación, Morgan Quero, desató este jueves una ola de repudio de legisladores, activistas y académicos tras sugerir que las agresiones sexuales denunciadas contra niñas awajún pueden ser una “práctica cultural que lamentablemente ocurre en los pueblos amazónicos”. Estas declaraciones, difundidas el lunes por el canal estatal TV Perú, generaron una amplia condena pública.
Solo un día antes de ser emitidas, La República había publicado un informe remitido a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui por Rosemary Pioc Tena, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún. Según ese documento, al menos 524 casos de violencia sexual fueron cometidos por docentes contra escolares entre 2010 y los primeros cinco meses de 2024. En algunos colegios, incluso, los agresores contagiaron a los menores con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).
“Si es una práctica cultural [que] lamentablemente sucede para ejercer una forma de construcción familiar, vamos a ser prudentes, pero también exigiremos una respuesta a la población. Si estas niñas han sido violadas, no nos va a temblar la mano”, siguió. En un pronunciamiento en su cuenta de X, antes Twitter, la legisladora Sigrid Bazán (Cambio Democrático Juntos Por el Perú) remarcó que el abuso sexual es un delito.

“Estamos hablando de al menos 524 casos de violencia sexual cometidos por docentes contra escolares en Condorcanqui entre 2010 y 2024. ¿Qué ha hecho este gobierno al respecto? ¿Qué ha hecho este ministro?”, cuestionó. Susel Paredes, de la misma bancada, exigió “una posición firme y clara” al ministro, uno de los más cercanos a la presidenta Dina Boluarte: “¿Esta es la postura oficial del Ejecutivo sobre las violaciones contra menores de edad? Ministro, ¿tras estas declaraciones, podemos confiarle las políticas educativas del Perú que deben proteger a nuestras infancias?”, añadió.
Flor Pablo, quien impulsó una ley que puso fin al matrimonio infantil, consideró “indignante y vergonzoso” que el titular del portafolio justifique las agresiones contra estudiantes. “Nadie debe normalizar el abuso sexual de menores, mucho menos un ministro de Estado que debe defender los derechos ciudadanos. Presidenta Boluarte, evite una interpelación más exigiendo la renuncia del titular de Educación, quien no puede estar ni un día más en el cargo”, invocó.

La jurista Julissa Mantilla, relatora sobre los Derechos de las Personas Mayores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenó que “un representante del Estado valide la violación sexual usando el argumento ‘cultural’”. Asimismo, recordó que este mes se cumplen 30 años de la Convención de Belém do Pará, el primer tratado vinculante en el mundo en reconocer que la violencia contra las mujeres constituye una violación sancionable de derechos humanos. “Además de vergonzoso, esto genera responsabilidad internacional”, enfatizó.
El Ministerio de Educación informó que un incendio en la UGEL de Condorcanqui destruyó expedientes de procesos disciplinarios sobre denuncias de violaciones. Según el comunicado, 112 docentes abusadores fueron retirados y cuatro cesados temporalmente. Asimismo, una comisión especializada viajó a Condorcanqui para sostener un diálogo y acompañamiento permanente a las comunidades awajún. Además, se convocó una comisión intersectorial con varios ministerios y la Defensoría del Pueblo para apoyar a las sobrevivientes.
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