El Congreso de la República expresó su rechazo contra el pronunciamiento del Ministerio Público donde se advirtió de los proyectos que “quebrantan la autonomía e independencia” de esta última institución, así como del dictamen que elimina la Junta Nacional de Justicia.
En el texto también se consigna que existen los mecanismos constitucionales para cuestionar las leyes, como demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Rechazan proyectos
El Ministerio Público del Perú ha manifestado su rechazo a tres proyectos de ley presentados por el Congreso, argumentando que estas iniciativas buscan afectar la autonomía de la institución y de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). En un comunicado oficial, la Fiscalía explicó las repercusiones que tendrían dichas propuestas sobre la independencia funcional de ambas entidades.
Junta de Fiscales Supremos, los presidentes de las Juntas de Fiscales Superiores y de las Juntas de Fiscales Provinciales firmaron el documento en representación del Ministerio Público. La controversia se centra en el proyecto de ley 8040/2023-CR, presentado el 4 de junio de 2024, que propone una reorganización de la Fiscalía y la JNJ, la entidad encargada de nombrar jueces y fiscales. Otro proyecto busca la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura, y un tercer predictamen pretende modificar el Código Procesal Penal para que la Policía Nacional del Perú asuma funciones de investigación de delitos.
Según la Fiscalía, estos proyectos vulnerarían la autonomía e independencia del Ministerio Público y lo incapacitarían para cumplir con sus funciones constitucionales. Argumentaron que la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura permitiría una intervención política en la selección de magistrados, lo que consideran un retroceso respecto a los sistemas de designación que han logrado mayor independencia judicial.
En su comunicado, la Fiscalía exigió al Congreso respetar la Constitución y la separación de poderes del Estado, y llamó a la ciudadanía a defender la democracia, afirmando que su aprobación vulneraría dicho sistema. Además, exhortaron al Poder Ejecutivo a cumplir con su función de control de legalidad y constitucionalidad de los proyectos enviados para promulgación.
Finalmente, los fiscales de todos los niveles acordaron “reafirmar la defensa de la autonomía del Ministerio Público de conformidad con los artículos 158 y 159 de la Constitución Política del Perú, lo que significa actuar con independencia y objetividad”. “Permaneceremos vigilantes para ejercer una defensa activa frente a cualquier injerencia o amenaza a la institucionalidad democrática”, sentenciaron.
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