El Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresó su rechazo al dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que busca modificar las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) en perjuicio de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
En esa línea, el gremio de abogados recordó que en las normas vigentes ya existen mecanismos de supervisión de la cooperación técnica internacional que reciben las ONG a través de la APCI.
Por ello, el CAL manifestó su respaldo al comunicado emitido por las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea.
Cuestionan proyecto
Dieciséis embajadas y delegaciones internacionales, incluyendo la Unión Europea, manifestaron su inquietud sobre las propuestas para enmendar la Ley 27692, que regula la APCI. La iniciativa, impulsada por Alejandro Aguinaga, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ha generado debate debido a su posible impacto en el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil en Perú.
Las reformas sugeridas podrían afectar negativamente la inclusión, equidad y estabilidad de la democracia en el país, según el comunicado firmado por las embajadas de Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Irlanda, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y la Unión Europea. “Las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger y responder a las necesidades de los ciudadanos”, afirmaron.
Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, alertó sobre las posibles repercusiones de este proyecto de ley, respaldado por varios parlamentarios fujimoristas. En una entrevista desde Cajamarca, Ledesma explicó que las ONGs aportan al Estado y resaltó la importancia de fortalecer estas organizaciones en sus áreas de especialización.
Diferentes organizaciones, incluyendo a las que representan a pueblos indígenas, se han sumado al rechazo de la iniciativa. ONAMIAP (Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú) criticó la imposición de un registro actualizado para las organizaciones que reciban fondos del exterior y las sanciones propuestas, que van desde amonestaciones hasta multas de 500 unidades impositivas tributarias.
En consonancia, asociaciones civiles como Transparencia y la Coordinadora de Derechos Humanos han expresado su desacuerdo. Transparencia comparó las modificaciones con medidas de regímenes en Venezuela, Nicaragua y Rusia, mientras que la Coordinadora de Derechos Humanos alertó sobre las posibles limitaciones al derecho de asociación y la imposición de sanciones administrativas desproporcionadas, lo que podría afectar a las poblaciones vulnerables y silenciar a defensores de derechos humanos.
La aprobación del proyecto se dio con 12 votos a favor y uno en contra el pasado 5 de junio. Entre quienes apoyaron la medida se encuentran parlamentarios como Aguinaga, Ernesto Bustamante, Patricia Juárez y Lady Camones. El legislador Luis Kamiche fue el único voto en contra, argumentando que la iniciativa podría infringir el derecho constitucional de libre asociación.
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