La designación de Fredy Hinojosa como jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia y vocero de la presidenta Dina Boluarte ha generado molestia en el premier Gustavo Adrianzén, quien ha reiterado públicamente en varias ocasiones que él es el portavoz “autorizado” del Gobierno, según un informe difundido este lunes por El Comercio, que cita fuentes oficiales.
Allegados al Ejecutivo indicaron al diario que existe “incomodidad” por parte de Adrianzén hacia la figura de Hinojosa, ya que “no quiere perder el peso político que le corresponde”. Además, sus antecesores, Alberto Otárola y Pedro Angulo, no tuvieron un alto funcionario que duplicara sus funciones, ya que, según la Constitución, después de la jefa de Estado, el primer ministro es “el portavoz autorizado del Gobierno” y quien coordina con los demás titulares de portafolios.
Durante las administraciones de Otárola y Angulo, según fuentes cercanas, nunca se evaluó la posibilidad de que el Despacho Presidencial contara con un portavoz. “La presidenta pedía a todos los ministros que difundan y defiendan sus principales políticas en los medios”, añadieron. Además, en aquel momento se tenía claro que quien “marcaba la pauta en lo político” era el primer ministro y los demás integrantes del Gabinete “lo complementaban”.
Funcionarios indicaron al diario que la presencia de Hinojosa le resta autoridad e institucionalidad a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ya que él ha terminado “hablando de todos los temas” y sobrepasó los que le fueron encargados. También señalan que Adrianzén ha tenido un desempeño discreto como voz “política” del Gobierno.
El letrado, por su parte, negó que existan discrepancias y subrayó que “hay una coordinación general con todos los miembros del Ejecutivo”. Explicó que su papel es el de vocero, una acción comunicacional, y no portavoz con funciones específicas inherentes a Adrianzén.
Expertos en comunicación política como María Beatriz Arce consideran que esta “duplicidad” de funciones revela una “fuerte debilidad” en la capacidad comunicacional de Boluarte, lo cual ha creado figura extra para cubrir esa vulnerabilidad. De igual modo, alertó que esta situación resta fortaleza a la institucionalidad de la PCM y de la Presidencia.
A inicios de 2002, el periodista Carlos Urrutia fue nombrado vocero del expresidente Alejandro Toledo; sin embargo, renunció al cargo dos meses después de contradecirlo públicamente. Mientras las tensiones se hacen públicas, Boluarte ya acumuló casi 60 días sin declarar a la prensa desde el estallido del llamado ‘Rolexgate’, en el cual es investigada por presunto soborno.
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