Congreso retrocede en lucha contra la trata de personas: aprueba por insistencia PL que limita la rendición de cuentas

El Congreso de la República vuelve a retroceder en la lucha contra la trata de personas. Aunque hace unas semanas el Ejecutivo observó el PL N.° 5712 —que reduce la rendición de cuentas por este delito y limita el control político que debe ejercer el Legislativo sobre las acciones del Gobierno en esta área—, las comisiones de Mujer y Familia, y Justicia y Derechos Humanos han decidido aprobar el proyecto por insistencia.

La iniciativa, que ahora deberá ser sometida al Pleno para una votación final, modifica la Ley 29918 y da marcha atrás al establecer que el primer ministro, así como los titulares de Interior y de Mujer y Poblaciones Vulnerables, ya no tendrá que informar ante este foro sobre sus acciones contra dicha problemática, sino únicamente ante las dos comisiones mencionadas.

Rechazo por aprobación de PL

En un pronunciamiento, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director ejecutivo de la organización especializada en la protección de los derechos humanos CHS Alternativo, manifestó la preocupación de la institución por este asunto.

Además, afirmó que, al tratarse de un delito complejo, se debe abordar desde el Estado con la Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus Formas de Explotación al 2030, que establece la implementación de 42 servicios públicos por parte de 11 ministerios y cuatro organismos autónomos en todo el Perú.

El especialista recordó la estrecha relación entre la trata de personas y el crimen organizado, así como con otras economías ilícitas, entre las que destacan la minería ilegal y la extorsión. También señaló que dicho delito involucra actividades de diversos sectores, como la prevención en educación, la accesibilidad a los servicios de salud, el control y la fiscalización de empresas de transporte y empleo, entre otros.

Frente a este panorama, CHS Alternativo ha enviado cartas a los miembros titulares de las comisiones mencionadas, a fin de proponer una modificación al proyecto, en la cual se estipula que el Pleno del Congreso sea el espacio para la rendición de cuentas. Esto busca garantizar un marco normativo y político adecuado para la lucha contra la trata de personas y otras formas de explotación.

Observaciones del Ejecutivo

El PL sobre la trata de personas proponía que el primer ministro y los ministros de Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables rindieran cuentas solo ante dos comisiones parlamentarias —Justicia y Derechos Humanos, y Mujer y Familia— en lugar del Pleno del Congreso, lo cual, según los críticos, reduciría la visibilidad y el escrutinio sobre los avances en esta área crucial.

La observación del Ejecutivo sobre el proyecto de ley también abordó aspectos técnicos específicos. Por un lado, cuestionó la exigencia de que las autoridades rindan cuentas sobre la trata de personas “bajo responsabilidad”, al argumentar la necesidad de seguir los procedimientos establecidos para el control político del Legislativo.

Por otro lado, se consideró redundante la inclusión de informes sobre los avances de la Política Multisectorial para Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, ya que existe un informe anual sobre estos esfuerzos.

Presupuesto para erradicar la trata de personas

Entre 2018 y abril de 2023, el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público registró 29 mil 400 denuncias por trata de personas a nivel nacional, y solo en 2023 se contabilizaron 9.001 denuncias por este y otros delitos de explotación humana.

Al respecto, Valdés indicó que la rendición de cuentas es crucial para mejorar el presupuesto destinado a combatir este delito, ya que —desde que se dejó de realizar— el financiamiento ha disminuido cada año. En 2022, el Estado peruano destinó apenas 12 centavos de sol por persona para la prevención, atención, persecución y reintegración de víctimas, lo cual es insuficiente.

Finalmente, manifestó que el Congreso tiene la oportunidad de mejorar la normativa. “Insistir en bajar el grado de responsabilidad y de rendición de cuentas, ante lo que se hace para proteger a la ciudadanía frente a este delito, es irresponsable y significa claudicar ante la explotación humana”, concluyó el especialista.