Pese a que el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte se ha esforzado en dar a entender de que la demanda competencial autorizada al Procurador General del Estado ante el TC no sería un intento de la mandataria para frenar las investigaciones en su contra; el ministro de Justicia, Eduardo Arana, no tuvo reparos en cuestionar las pesquisas y precisar qué exactamente impulsa al Ejecutivo a solicitarla. Ello, aun cuando el Poder Judicial ya ha decidido en la Corte Suprema sobre el tema.
Como se sabe, el pasado miércoles 22 de mayo, la presidenta Boluarte y el ministro Arana firmaron una resolución en la que autorizaban al procurador a que presente una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, a fin de que se interprete el artículo 117 de la Constitución, que es el que delimita los motivos para investigar a un presidente; en el sentido de que los jefes de Estado no pueden ser investigados durante funciones.
Durante muchos años, esta era la interpretación que se le daba, sin embargo, durante el gobierno de Pedro Castillo, Patricia Benavides cambió esta interpretación y dispuso las pesquisas contra el exmandatario; aun estando en el cargo. De hecho, el mismo Congreso interpretó de esta manera para inhabilitar a la fiscal Zoraida Ávalos. Ahora, incluso en contra de Benavides y del Congreso; Arana insistió ante RPP que uno de los motivos para iniciar la demanda es la presunta concurrencia de faltas por parte de la Fiscalía de la Nación en las pesquisas contra Boluarte.
Juan Carlos Villena Campana “traspasó los límites” en las diligencias

Así lo aseguró en la entrevista, respondiendo con un claro “sí”, ante la pregunta de la entrevistadora respecto a si el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, había “traspasado los límites” en las diligencias. No obstante, no supo cómo justificar por qué lo decía; pues no detalló qué límites habían sido traspasados, ni en qué casos (de los 5 que se le siguen a Dina Boluarte) se habría dado este traspaso.
“Yo no voy a enumerar los casos en particular, porque no soy la defensa de la señora presidenta, pero soy un ministro de justicia que considera que la constitucionalidad debe defenderse. Y lo que considero es que, efectivamente, conforme a la interpretación histórica, esto es válido”, refirió.
Como si la defensa a la demanda no se basara específicamente en defender a la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Justicia también alegó creer que “existe procesalmente una serie de errores que la Fiscalía ha cometido y una serie de aspectos que deben ser evaluados en su momento”.
Arana insiste en proteger “la institución presidencial”, pero opina solo en el caso de Dina Boluarte

Ante ello, y al recordarle hechos históricos recientes, como la incursión de la Fiscalía a la zona residencial del Palacio de Gobierno para buscar a Yennifer Paredes, o al área de secretaría, en donde se encontraron miles de dólares en el baño que posteriormente se supieron pertenecían a Bruno Pacheco; Arana intentó inhibirse de opinar, pues para él “ya es un tema que se está viendo ante el Poder Judicial”.
Según Eduardo Arana, el pedido se basa en que “la institución presidencial debe protegerse en cuanto a la persona, en cuanto al Palacio de Gobierno, en cuanto a su trabajo y esto se ha vulnerado. Cuando se dispone el ingreso al Palacio, el Palacio es parte de la protección constitucional que debe tener un presidente. El palacio no es de cualquier persona”; sin embargo, evadió referirse a otros hechos interpretados por el Congreso y el Ministerio Público, que incluso llevaron a la presidenta al Gobierno.
“La fiscalía debe desarrollar una tesis en la que puede establecer un parámetro acusatorio. Sin embargo, es solo eso, una posición y una tesis, eso tendrá que ser visto por el juez o por el Poder Judicial. Eso cuándo va a ocurrir, cuando la presidenta acabe su mandato. La pregunta es: entonces si lo va a hacer, ¿Por qué existe esa presión permanente de estar citando a la presidenta en el momento?”, intentó defender también Arana, quien consideraba que las labores de Boluarte se estaban viendo afectadas con las diligencias.
Pese a todos estos cuestionamientos, el funcionario insistió en que “el Gobierno ha dicho que no se trata de un tema político, hay que despolitizar”.
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