
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) aprobó este jueves 2 de mayo la publicación del proyecto de reglamento de la Ley 31814, la cual “promueve el uso de la inteligencia artificial (IA) en favor del desarrollo económico y social del país”. En las disposiciones también se considera un periodo de tiempo para recibir opiniones de entidades, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general.
La exposición de motivos indica que se toma en cuenta que esta Ley “tiene por objeto promover el uso de la inteligencia artificial en el marco del proceso nacional de transformación digital privilegiando a la persona y el respeto de los derechos humanos con el fin de fomentar el desarrollo económico y social del país, en un entorno seguro que garantice su uso ético, sostenible, transparente, replicable y responsable”.
También se menciona que será la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, la autoridad técnico-normativa a nivel nacional responsable de dirigir, evaluar y supervisar el uso y la promoción del desarrollo de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

30 días para recibir sugerencias sobre la IA
En el artículo segundo de ley se establece el plazo de 30 días calendario, contados a partir del día siguiente de su publicación, para recibir las opiniones, comentarios y sugerencias de las entidades públicas o privadas, organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Estas recomendaciones podrán ser remitidas al correo electrónico rinfante@pcm.gob.pe.
Será la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros quien reciba, procese y sistematice las opiniones y sugerencias que se presenten durante el plazo establecido.
En 2023, Infobae Perú entrevistó al congresista José Cueto, el autor de la primera ley sobre inteligencia artificial en el país. El legislador mencionó que su propuesta nace debido a que los avances en este campo eran alarmantes y requería de un marco legal ya que consideraba que “el avance de esta tecnología podría traer problemas al desarrollo humano”.
En la entrevista, el congresista evitó mencionar la palabra “regulación”, ya que la tecnología relacionada con la IA “no se puede controlar, pero sí se puede supervisar, evaluar y apoyar su desarrollo”.
Regulación de Inteligencia artificial
La regulación de la inteligencia artificial en diferentes Estados ha seguido diversos enfoques, adaptándose a las necesidades y preocupaciones específicas de cada territorio en cuanto a ética, seguridad, privacidad y uso justo.

En Europa, el enfoque ha sido proponer marcos regulatorios comprehensivos que abordan el amplio espectro de aplicaciones de la IA. La Unión Europea ha liderado con propuestas como el Acta de Inteligencia Artificial, un borrador regulatorio que busca establecer normas claras para garantizar una IA segura, transparente y ética. Este acto clasifica los sistemas de IA según su riesgo, imponiendo reglas más estrictas a las aplicaciones consideradas de alto riesgo.
En Estados Unidos, la regulación ha sido más descentralizada y sectorial, con diferentes agencias gubernamentales encargadas de regular aspectos específicos de la IA conforme a sus dominios de aplicación. Por ejemplo, la utilización de la IA en salud y finanzas está sujeta a regulaciones que protegen la privacidad y la integridad de los datos personales.
En Asia, países como China han adoptado políticas nacionales para avanzar en la innovación de IA, a la vez que han empezado a implementar regulaciones que se centran en la ciberseguridad, la gestión de datos y la ética de la IA. La estrategia de China enfatiza tanto el desarrollo como el control de las tecnologías de IA, buscando ser líder global en IA para el año 2030, mientras aseguran que estas tecnologías se alineen con los intereses de seguridad nacional.
Aunque los enfoques de regulación difieren, existe un consenso global sobre la necesidad de crear reglas que protejan a las personas de los posibles riesgos asociados con la IA, promuevan su uso responsable y aseguren que sus beneficios se distribuyan equitativamente en la sociedad.
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