La Comisión de Alto Nivel del Estado peruano y los líderes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) llegaron a acuerdos y establecieron un plan con medidas específicas para frenar los efectos negativos de la explotación minera ilegal sobre sus territorios ancestrales, en el distrito Río Santiago, Amazonas.
En el marco de esta reunión, el Estado se comprometió a implementar un plan de interdicción contra la minería ilegal en la provincia de Condorcanqui y a reconocer oficialmente al grupo de control socioambiental wampís “Charip” como un ente de autodefensa.
También, se acordó que este grupo pueda proceder con la destrucción de la maquinaria incautada recientemente a los tres policías y seis implicados en actividades de minería ilegal, quienes serán sometidos a las acciones judiciales pertinentes.
Para los wampís, este diálogo marca un precedente en el compromiso estatal frente a las demandas indígenas, ya que marcan un paso importante hacia la protección del territorio amazónico y la autonomía de la Nación Wampís en la gestión de sus recursos frente la explotación ilegal de sus recursos.
Adicionalmente, la conformación de un equipo multisectorial para impulsar proyectos económicos que beneficien tanto a la comunidad como al ambiente fueron uno de los aspectos más relevantes de este encuentro.
¿Quiénes participaron en la reunión?
La reunión contó con la presencia de destacados representantes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), la Comisión de Alto Nivel del Estado peruano, autoridades locales y miembros de la comunidad indígena, sumando un total de 50 participantes.
Entre ellos estuvieron Juan José Santiváñez Antúnez, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter); Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); y Gregorio Villalón Trillo, general de la Policía Nacional del Perú, entre otros.
Por parte de la comunidad de Villa Gonzalo, asistieron Kefrén Graña, secretario técnico adjunto del GTANW, y Wrays Pérez, ex Pamuk (presidente) del Gobierno Wampís, quienes presentaron demandas claras respecto a la acción contra la minería ilegal y el desarrollo de alternativas económicas.
¿Desde cuándo enfrentaban amenazas los wampís?
El 18 de abril, líderes de la Nación Wampís —el primer gobierno autónomo indígena del país— retuvieron a tres agentes de la PNP por presuntamente favorecer actividades de minería ilegal en el río Santiago, Amazonas.
Ante ello, los wampís solicitaron la intervención directa del Ministerio del Interior para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y sancionar a los implicados.
Los agentes detenidos fueron identificados como Issac Rosillo Palacios, Alex Ivan Maco Vilcherrez y Richard Armando Rengifo Perez. También se detuvo a varios mineros que operaban en la zona, provenientes de Ecuador.
Teófilo Kukush Pati, presidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), condenó el acto, calificándolo de una grave muestra de corrupción que no solo afecta la imagen de la PNP sino que también viola las leyes ambientales del país.
¿Qué han causado los mineros ilegales en el territorio de los wampís?
De acuerdo a la Nación Wampís, la minería ilegal en sus territorios afecta aproximadamente 40 hectáreas de selva solo desde octubre de 2023.
Y, a pesar de sus pedidos de intervención a las autoridades, el despliegue policial en el río Cenepa no ha logrado detener la expansión de estas actividades ilícitas que comprometen su territorio y la seguridad de al menos 10 comunidades indígenas en las cuencas del bajo y alto río Santiago.
Para enfrentar esta situación de manera autónoma, la comunidad ha formado el denominado “Ejército Verde” compuesto por vigilantes indígenas, quienes desde el 13 de febrero, vienen tomando medidas, como la incautación de embarcaciones y equipos utilizados para la extracción minera, para erradicar la problemática.
Según testimonios, esta ha escalado a una serie de consecuencias negativas que, además de incluir violencia, abarcan amenazas, enfrentamientos y abusos sexuales contra mujeres y menores en las comunidades impactadas.
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