Anciano en Chiclayo se encadena a sede del Poder Judicial tras 17 años de espera por jubilación

Dionicio Dávila (75) lleva años viajando por largas horas, valiéndose de un bastón, para pedirle a un juez que emita la sentencia que le permitirá recibir su pensión. Siempre le responden: “está en proceso”

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Dionicio Dávila señaló que el
Dionicio Dávila señaló que el proceso legal lleva 17 años y no se ha emitido sentencia para recibir su pensión de jubilación | Foto cortesía: RPP Noticias

En un nuevo hecho indignante que pone en manifiesto la ineficiencia y la burocracia del sistema judicial del Perú, un adulto mayor de 75 años de edad decidió encadernarse en los exteriores de una de las oficinas de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque.

La razón de este hombre de avanzada edad, que responde el nombre de Dionicio Dávila, es que han pasado 17 años desde que inició un proceso judicial para poder recibir su pensión de jubilación. Pese a que ha reclamado en varias ocasiones para que emitan la sentencia, solo recibe una negligente respuesta: “está en proceso”.

El adulto mayor, quien camina sosteniéndose de un bastón, dijo estar cansado de esperar por muchos años una sentencia que garantice su derecho a recibir el dinero que le corresponde. Mencionó también que está cansado de estar viajando repetidas veces hasta la sede judicial para no ser atendido.

“He decidido encadenarme por el abuso que está haciendo el juez del Quinto Juzgado en lo Civil, son 17 años que está para sentencia mi expediente que ya el fiscal me ha dado la razón para que me paguen mi jubilación, mis devengados y mis intereses de devengados”, señaló.

El hombre responsabilizó de esta demora al magistrado del Módulo Civil Corporativo de Litigación Oral en Chiclayo. Se espera que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como la Defensoría del Pueblo y otras instancias, manifesten su apoyo a Dionicio Dávila para que pronto pueda acceder a su derecho.

Cuestionables fiscales

Acusan a fiscal Albert Eisten
Acusan a fiscal Albert Eisten Pinedo Muñoz de Cañete de liberar a miembros del 'gota a gota' | Foto captura: PNP

No es la primera vez que jueces o fiscales se ven envueltos en acusaciones por presunta corrupción u omisión de funciones. Recientemente se ha acusado al fiscal Albert Eisten Pinedo Muñoz de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Cañete fue acusado de poner en libertad a 10 extranjeros del ‘gota a gota’ en Cañete.

La acusación contra el magistrado vino de parte de un jefe de la Policía quien indicó que pese a que se han presentado las pruebas como el dinero incautado, agendas con los nombres de las víctimas, tarjetas personalizadas, armas de fuego, entre otros, el fiscal determinó que estos elementos fueron encontrados “en diferentes ambientes” y aún no se había podido determinar a quién pertenecen.

Además, no sería la primera que Pinedo Muñoz es cuestionado por este tipo de hechos. “Expresamos nuestro rechazo a este tipo de función que realiza este fiscal. No es nuevo aquí en esta jurisdicción, ya lo hemos visto... Yo también expresé mi rechazo el pasado 1 de marzo cuando, después de haber capturado a una banda de siete delincuentes que el 5 de febrero le robaron 40 mil soles a un ciudadano saliendo de una entidad bancaria (...), dejó libres a todos”, manifestó el General PNP Manuel Lozada Morales.

Jean Carlos Lobatón Huamán vestido
Jean Carlos Lobatón Huamán vestido con un polo blanco de la marca Calvin Klein posa junto a sus cómplices tras ser capturado en el distrito de San Miguel con más de 30 kilos de cocaína. Su captura de entonces se dio cuando el general PNP Jorge Luis Castillo Vargas estaba a cargo de la región policial Callao | Foto: PNP

Un ataque sicarial en el Callao contra Jean Carlos Lobatón Huamán, alias ‘Cholo Wara’, pudo poner en manifiesto otra polémica liberación. Otro fiscal, de quien aún se investiga su identidad, liberó a este sujeto a pesar de que tenía varias denuncias por narcotráfico y extorsión.

Lobatón Huamán había sido capturado en el 2023 en San Miguel con una maleta repleta de cocaína que iba a ser transportada a los Estados Unidos. Sorpresivamente, el magistrado no dictó una prisión preventiva, solo una comparecencia con restricción mientras dure las investigaciones.

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