El Poder Judicial aprobó la solicitud presentada por el Ministerio Público para implicar a la Policía Nacional (PNP) como entidad civilmente responsable de las muertes de Inti Sotelo y Bryan Pintado en noviembre de 2020, durante la represión en las protestas desatadas por la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) —quien patrocina a los deudos—, informó este jueves que el requerimiento fiscal fue declarado fundado, con lo cual se abre una puerta para que se evalúen las acciones y protocolos de la PNP durante la crisis social estallada hace cuatro años.
La firma de abogados resaltó que estos resultados son importantes para demostrar el uso indebido y desproporcionado de la fuerza policial, así como la no resistencia u oposición violenta de las víctimas que ejercían su derecho a la protesta.
Las manifestaciones de noviembre de 2020, que se extendieron por varios días en distintos puntos de Lima, surgieron como respuesta al vacío presidencial y la instauración de Merino, considerada ilegítima por amplios sectores de la población.
Son once policías investigados por haber disparado con perdigón de plomo contra Inti y Bryan, quienes fueron reconocidos como los “héroes del bicentenario”, una denominación para los jóvenes que salieron a las calles de manera masiva al considerar como un golpe de Estado la llegada al poder de Merino tras precipitar en el Congreso la polémica destitución de Vizcarra.
En ese momento, el exministro del Interior, José Elice, ordenó brindar toda la información de la que se disponga a la Fiscalía y agregó que también se están revisando los protocolos de derechos humanos de la Policía para reforzarlos con “más capacitación”. Las víctimas de la represión, en tanto, constituyeron una asociación para reclamar de manera unida justicia y reparación.
La presión social y política hizo insostenible la permanencia de Merino, quien quedó incurso en una investigación por homicidio doloso y lesiones graves, y renunció el 15 de noviembre de 2020, tan solo cinco días después de haber asumido.
En 2021, entregó el mando a Pedro Castillo, quien prometió abordar las desigualdades en el país y realizar reformas significativas en varios sectores. A la fecha, se encuentra recluido en el penal de Barbadillo luego de su intento de disolver el Legislativo y gobernar por decreto.
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