El Congreso de la República aprobó recientemente una propuesta legislativa para reinsertar a miles de docentes interinos cesados en el 2014 por no cumplir con los requisitos de evaluación establecidos en aquel momento. La decisión, adoptada con 92 votos a favor, permitirá que dichos educadores excluidos de la Carrera Pública Magisterial, vuelvan a las escuelas.
Los beneficiados con esta norma del Parlamento son más de 3 mil docentes desaprobados de las evaluaciones, y alrededor de 10 mil sin títulos pedagógicos. La legislación recientemente aprobada ha sido objeto de controversia. Exministros de Educación y otros expertos del sector han pedido al Poder Ejecutivo llevar el caso al Tribunal Constitucional (TC) “por tratarse de un golpe a la meritocracia” y una afectación a la calidad de la enseñanza, según informó La República.
Entre los promotores de esta iniciativa se encuentran Katy Ugarte, Alex Paredes y Paul Gutiérrez, quienes han sido docentes nombrados que reprobaron las evaluaciones exigidas por el Ministerio de Educación, antes de ocupar el cargo de legisladores.
La normativa contempla dos mecanismos para la reincorporación de los profesionales de la enseñanza: un “proceso directo” o una “evaluación de competencia pedagógica y de trayectoria profesional y laboral”. Para ser elegibles, los candidatos deben presentar credenciales validadas que acrediten su formación como educadores.
El exministro de Educación, Idel Vexler, en diálogo con el medio impreso, ha calificado la medida de “repudiable e inadmisible”, argumentando que socava los cimientos de la meritocracia que debería prevalecer en el proceso de contratación, ascenso y designación de cargos directivos en el ámbito educativo.
Además, resalta que existe una gran preocupación de cómo esta decisión pueda afectar tanto al estándar educativo como a la moral de aquellos docentes que han avanzado en sus carreras a través de los canales establecidos de evaluación y mérito.}
Docentes desaprobados impulsan reformas contra la Educación en el Congreso
Se trata de Katy Ugarte Mamani (Unidad y Diálogo Parlamentario), Alex Paredes Gonzales (Bloque Magisterial) y Paul Gutierrez (Bloque Magisterial). Estos tres parlamentarios desaprobaron pruebas del Ministerio de Educación, las cuales estaban reglamentadas la Ley de Reforma Magisterial, que acaban de modificar.
Según reveló un reportaje de Ojo Público, Katy Ugarte ha fallado en siete concursos públicos para docentes realizados entre 2014 y 2019. También sus colegas, se repite la situación con Alex Paredes y Paul Gutiérrez. En el primer caso, se conoce que Paredes fue nombrado profesor en Arequipa, pero reprobó cinco de las seis pruebas docentes, en el mismo periodo de tiempo que Ugarte.
Por otro lado, Edgar Tello, otro congresista que apoyó esta reforma contra la educación, nunca rindió ninguna evaluación necesaria, especificada en la ley, para optar por el cargo de director o ascender en la carrera pública. Tanto Tello como Paredes poseen antecedentes como líderes de organizaciones magisteriales y han apoyado en el pasado movimientos que buscaban reformas similares a las que ahora proponen desde su posición en el Congreso.
Ejecutivo observó la ley: contraviene calidad educativa y meritocracia
El Ejecutivo, a través de un documento enviado al presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, ya había observado la autógrafa de ley dirigida a la reposición de 14,000 docentes interinos cesados en 2014. Puesto que esta medida contraviene principios fundamentales como la meritocracia, la calidad educativa, y asevera que podría generar discriminación entre los maestros, además de afectar la equidad en los procesos de ingreso a la Carrera Pública Magisterial.
Según declaraciones de Magnet Márquez, exministra de Educación, a RPP, esta norma histórica permitía el nombramiento temporal de profesores sin título pedagógico, con la condición de obtenerlo en un plazo determinado, situación que involucra directamente a los docentes afectados por la potencial reforma.
A pesar de las críticas del Ejecutivo, la representación nacional desestimó los once motivos esgrimidos contra la aprobación de la norma, según se desprende de la comunicación oficial.
En diciembre de 2023, el Ministerio de Educación enfatizó su preocupación por la igualdad ante la ley y la necesidad de aplicar los mismos estándares evaluativos a todos los profesores, buscando evitar conflictos innecesarios y promover una sana convivencia laboral entre el gremio docente.
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