El Caso Manta se encuentra ya en medio de los alegatos finales del segundo juicio. Las nueve mujeres, oriundas de Huancavelica, que se armaron de valor para denunciar a 13 militares peruanos por delitos de violencia sexual llevan 40 años a la espera de justicia; sin embargo, el final del proceso parece estar cerca.
Luego de esta etapa, corresponde la deliberación y el dictado de la sentencia; no obstante, la defensa de estas ciudadanas denuncia públicamente dilaciones que el tribunal ha permitido, aunque esta no sería la primera vez que se producen irregularidades en el proceso.
Cynthia Silva, abogada y directora de la organización feminista Demus que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes, conversa con Infobae Perú para hablar de la importancia de este juicio histórico y otros puntos claves para su comprensión.
Segundo juicio para preservar el derecho de las víctimas
El Caso Manta se encuentra en la parte final del segundo juicio, que inició en marzo del 2019, luego de que el primer proceso se quebrará por un pedido de la defensa de las sobrevivientes, quienes solicitaron la incorporación del enfoque de género, así como respeto por el derecho a la verdad, igualdad y no discriminación.
De acuerdo a Silva, como detectaron y denunciaron afectaciones en la revictimización y la limitación del derecho a la prueba del contexto, la defensa recusó que se daba una parcialización del colegiado en favorecimiento de los acusados. El asunto llegó hasta la Corte Suprema, quien les otorgó la razón.
Pedidos sin respuestas de audiencias públicas
A pesar del pedido reiterado de las víctimas, quienes indicaron desde el inicio su deseo de que las audiencias sean públicas, las autoridades no han respondido a sus solicitudes. El motivo detrás de este requerimiento también corresponde a la dificultad que tienen las sobrevivientes para trasladarse hasta Lima.
La abogada, incluso, señala que fueron las nueve mujeres mantinas las que, de manera presencial, se dirigieron a los jueces para expresar su deseo de que las audiencias se programen con más frecuencia, además de que sean públicas.
Denuncias de irregularidades a lo largo del juicio
En medio de este panorama, Silva ya había dado a conocer su preocupación por el rol que viene desempeñando la Fiscalía de la Nación a lo largo del proceso legal. Según su testimonio, el fiscal Luis Javier Ramírez Cancho —con antecedentes de haber señalado que el Fredepa sería una “fachada del nuevo Sendero Rojo” y que sus dirigentes habrían cometido actos de terrorismo por pedir la instalación de una asamblea constituyente— reemplazó al fiscal Pedro Orihuela —que llevó el caso por tres años— sin motivo aparente.
La abogada denuncia también las dilaciones que se están dando en el transcurso del proceso, que son permitidas por el tribunal, como la programación de audiencias en el máximo del tiempo posible o las argumentaciones muy vagas que han llevado a que se frustre la citación anterior.
Importancia de que las víctimas logren alcanzar justicia
El Caso Manta posee una gran relevancia social y jurídica debido a que constituye parte importante de la memoria histórica del país y porque es, además, el tercer juicio en toda Latinoamérica que aborda la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en contexto de conflicto.
Para ella, esta sentencia sería histórica porque significaría que se les brinde justicia, verdad y reparación integral a las nueve sobrevivientes de violencia sexual por parte de 13 militares peruanos.
‘Ley Amnistía’ y su intento de liberar a acusados
La Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado el PL denominado como la ‘Ley Amnistía’, que busca la impunidad para implicados en delitos de lesa humanidad. Frente a esta situación que es entendida por especialistas como un intento más de atentar contra la independencia judicial, desde la organización Demus alzaron su voz de protesta por lo que califican como “estrategias dilatorias de los abogados de los acusados”.
Finalmente, advierte que el mensaje que se les da a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos del conflicto armado interno, en particular a las de los casos de violaciones sexuales, es nefasto luego de 20 años de la denuncia y a un paso de lograr una sentencia.
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