
En un lamentable giro, se dio a conocer que el juicio histórico por el Caso Manta volvió a frustrarse cuando estaba por iniciar el inicio de la etapa de alegatos. El representante de la Fiscalía asignado pidió una reprogramación debido a la salida por vacaciones del fiscal Luis Ramírez.
Debido a lo expuesto, la audiencia fue, finalmente, fijada para el miércoles 20 de diciembre. De esta manera, las nueve mujeres campesinas que denunciaron a 13 integrantes el Ejército peruano por cometer abusos sexuales contra ellas y muchas más mujeres de la localidad de Manta, en Huancavelica, durante el conflicto armado interno tendrán que aguardar para escuchar la sentencia.
Este año no habrá sentencia por Caso Manta
De acuerdo a la organización feminista Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), esta reprogramación significa que no se cumplirá lo que había dicho previamente la Sala a cargo del caso y que no habrá sentencia este 2023. “Es increíble que se juegue de esa manera con las expectativas de las víctimas, su espera lleva casi 40 años”, lamentó desde sus redes sociales.

Dicha medida ha sido rechazada por gran parte de la ciudadanía, puesto que estas acciones solo contribuyen a la revictimización en contra de las sobrevivientes, quienes han visto su proyecto de vida interrumpido y llevan décadas a la espera de justicia. “¿Hasta cuándo van a esperar las mujeres?”, “40 años esperando justicia es tortura”, “El sistema de justicia lo único que ha hecho durante todo este tiempo es postergar y postergar”, fueron algunos de los comentarios.
Pedido para que el juicio por el Caso Manta sea público
De momento, el juicio oral se encuentra en su etapa final, por lo que corresponde que el fiscal sustente la acusación que él ha planteado, en la que se responsabiliza a 13 exmilitares de cometer violaciones sexuales a nueve mujeres de Huancavelica en contexto del conflicto armado interno.
Debido a su trascendencia histórica, se hizo el requerimiento de que este procedimiento sea llevado de manera pública. Previamente, en una entrevista con Infobae Perú, Cynthia Silva, abogada y directora de la organización feminista Demus que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes, explicó la importancia de respetar dicha solicitud.

“Este es un pedido que viene directamente de las mujeres, quienes son las titulares del derecho a la privacidad en las audiencias por tratarse de asuntos de vida íntima. Ellas renuncian a este derecho con el fin de que la ciudadanía se mantenga vigilante en hechos que tienen una relevancia de interés público. Ellas solicitan esto para que también estén acompañadas en esta lucha por justicia que lleva décadas”, expresó.
Por su parte, para la Agencia Andina, el abogado Carlos Rivera refirió que también se argumentó el requerimiento para que las víctimas estén acompañadas de psicólogos especialistas en delitos de tipo sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como que cuenten con un intérprete de quechua.
Caso Manta: importancia de que las sobrevivientes alcancen justicia

La resolución del Caso Manta tiene una relevancia histórica de reivindicación a las víctimas del Ejército peruano, ya que se espera el reconocimiento de que se han cometido violaciones sexuales contra estas mujeres, los cuales —de acuerdo a Silva— no constituyen delitos comunes, sino que son crímenes de lesa humanidad por tratarse de miembros de dicha entidad y de abusos ejecutados de manera generalizada y sistemática.
“En este caso, nuestro enfoque de defensa es el feminista del derecho. Entonces, no podemos perder de vista que las mujeres han sido afectadas en sus relaciones comunitarias y relaciones familiares. En el caso de dos de las tres mujeres que nosotros acompañamos han tenido que desplazarse de Manta, donde no ha sido posible que continúen viviendo, pese a que tenían proyectos de vida arraigados en su comunidad”, concluyó.
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