La defensa del expresidente Alan García (1949-2019) anunció este lunes que impugnará una resolución del Poder Judicial que autoriza al Ministerio Público acceder a los dos celulares Samsung que fueron incautados por el Equipo Especial Lava Jato el 17 de abril de 2019, cuando se suicidó en su residencia mientras iba a ser detenido de manera preliminar por su presunta vinculación con el caso Odebrecht.
El equipo de juristas, integrado por Erasmo Reyna, Wilbert Medina, Aurelio Pastor, José Pimentel, Genaro Vélez y Jorge del Castillo, organizó una conferencia de prensa dos días después de que el juez Leodán Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, diera luz verde al despacho del fiscal José Domingo Pérez para que acceda a esos móviles, hasta ahora lacrados.
“No hay elementos o razones para que después de cinco años se proceda a acceder a sus comunicaciones con base en documentos del 2019. No se hace mención a nada nuevo. [...] Este grave hecho lleva a pensar que acá se busca seguir investigando a una persona fallecida y, al ingresar a la información de sus teléfonos, se busca hacer un circo nuevamente con la figura de Alan García”, añadió.
Por su parte, el exministro de Justicia, Aurelio Pastor, consideró “inconstitucional” la medida, ya que podría ventilar “conversaciones de carácter político, jurídico y familiar que no competen en absoluto” a la acusación por corrupción, en el cual la constructora brasileña, según la tesis fiscal, pagó unos 6,2 millones de euros al exmandatario por adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
Para la el Ministerio Público, los integrantes de la presunta red criminal tuvieron comunicación entre sí “con correos electrónicos, aplicación de chats y llamadas por WhatsApp, llamadas telefónicas”, de modo que requirió al Poder Judicial intervenir estos equipos. Para los letrados, sin embargo, sería una distracción “en la agenda nacional”.
Ricardo Pinedo, exsecretario del expresidente, consideró que un morbo patológico del fiscal José Domingo Pérez, a cuyo despacho se le ha concedido proceder con la apertura, extracción, recuperación, lectura, examen, análisis, acceso, visualización, registro y almacenamiento de correos electrónicos, comunicaciones y demás correspondencias informáticas almacenadas tanto en las memorias de los celulares y las tarjetas SD.
“No es que haya algo que esconder, sino que no hay derecho. A un fallecido no se le puede investigar, lo dice la Constitución y las leyes. No tiene sentido”, dijo en una entrevista difundida por Canal N. De acuerdo con la resolución, la data que sea extraída deberá estar “únicamente vinculada a la investigación formalizada” por presunto lavado de activos y otros delitos, una medida que el juez consideró idónea, necesaria y proporcional.
El exmandatario se quitó la vida después de que un grupo de policías y fiscales llegó a su casa, en el acomodado distrito limeño de Miraflores, para detenerlo de manera preliminar. Tras encerrarse en su habitación, se disparó con un arma de fuego en la cabeza y fue llevado de urgencia a un hospital cercano, donde murió horas después.
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