Patricia Benavides negoció con hasta ocho partidos políticos, varios de ellos, con presencia en el Congreso

Una investigación en curso, liderada por la fiscal suprema Delia Espinoza, señala a Patricia Benavides, Fiscal de la Nación, de presuntamente encabezar una red criminal involucrada en negociaciones ilícitas con miembros de al menos ocho partidos políticos, muchos de los cuales tienen representación en el Congreso. Este grupo de personas habría buscado especialmente el respaldo de Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori.

Toda esta información está contenida en la disposición Nro. 24, que fue emitida la semana pasada por la fiscalía suprema destinada a investigar a Benavides y que está a cargo del despacho de Delia Espinoza. En ella, se han consignado a un total de 14 congresistas como investigados. Todos ellos, acompañando a Patricia Benavides Vargas, sobre quien pesa un total de seis delitos. Es así como un análisis de El Comercio reveló que todas estas imputaciones develan casi una decena de negociaciones con partidos políticos.

Entre estas fuerzas políticas, el informe detalla negociaciones de Patricia Benavides con partidos como Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, el Bloque Magisterial, Somos Perú, Avanza País y Acción Popular, todos ellos mediante sus bancadas desde dentro del Congreso.

Sin embargo, desde fuera del Legislativo también se habrían establecido una serie de acuerdos presuntamente ilícitos entre la suspendida Fiscal de la Nación. Estos comprenden a personajes militantes de partidos como Fuerza Popular, y el APRA. En este segundo caso, se señala la participación de “la alta dirección” del fujimorismo como parte de las negociaciones y a los políticos Hernán Garrido Lecca y Jorge del Castillo como coordinadores en el intento de remoción de Rafael Vela del Equipo Lava Jato; además de la existencia de comunicaciones del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Las relaciones peligrosas de Patricia Benavides

Cabe destacar que en el caso de las bancadas de Fuerza Popular y el APRA los nexos son, en su mayoría, cuestionables. Al hacer referencia a la “alta dirección” del fujimorismo, el parte fiscal da por entendido que se trataría de la investigada Keiko Fujimori por el ‘Caso cócteles’, o en su defecto, altos mandos del partido como Luis Galarreta, secretario general del fujimorismo.

Respecto a Jorge del Castillo y Hernán Garrido Lecca, la cercanía a Benavides no es el único factor que los une. Es importante mencionar que ambos militantes apristas se encuentran comprendidos en las investigaciones a cargo del Equipo Especial Lava Jato, que revisa la presunta comisión del delito de lavado de activos en el caso Odebrecht. En él, tanto Garrido Lecca, como Del Castillo están procesados.

Las aseveraciones de Jaime Villanueva también detallan que Benavides Vargas no habría tenido reparo alguno en negociar con congresistas sobre quienes pesaban graves imputaciones por corrupción a fin de asegurar la salida de Zoraida Ávalos de la Junta de Fiscales Supremos, así como los intentos de remoción de la JNJ, y otros hechos delictivos.

Patricia Benavides Vargas, cabeza de una red criminal “mixta, vertical y flexible”

Asimismo, la disposición de Espinoza señala a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides como una funcionaria acusada de liderar una organización criminal descrita como “mixta”, “vertical” y “flexible”, con influencias tanto dentro como fuera del Ministerio Público. De acuerdo con las investigaciones, se alega que Benavides buscaba asegurar su permanencia en el cargo para beneficiar, mediante el abuso de poder, a ciertos individuos y grupos bajo investigación o con intereses específicos, realizando maniobras ilegales en diversas instituciones.

Las acusaciones sugieren que el esquema operado por Benavides y sus asociados se enfocaba en asegurar la continuidad de su liderazgo como fiscal de la Nación. Esto, con el propósito de mantener los “beneficios, ventajas e influencias” relacionados con su posición, favoreciendo a miembros de la red criminal. Las acciones ilícitas implantadas estaban orientadas a manipular procesos e investigaciones en contra de individuos o entidades de interés para la red, mostrando un claro abuso del sistema judicial para obtener ventajas indebidas.