El Perú está en la obligación de reportar los progresos en materia de lucha contra el racismo ante Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues el país firmó la Convención Internacional contra la Discriminación Racial, la cual estipula la entrega de informes cada dos años.
Sin embargo, desde enero de 2017, el gobierno peruano no ha proporcionado actualizaciones sobre las medidas adoptadas para erradicar la discriminación racial, dejando pasar más de siete años sin reportar el avance de las políticas para prevenir y reducir esta problemática, según la asociación indígena CHIRAPAQ, quien ha denunciado este incumpliendo internacional.
El último reporte, que debía presentarse para el 29 de octubre de 2022 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), aún no ha sido entregado, motivo por el cual la organización decidió pronunciarse, y además solicitar respuesta de los los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Relaciones Exteriores y Cultura del actual gobierno de Dina Boluarte.
Tarcila Rivera Zea, presidenta de CHIRAPAQ, ha destacado la importancia de estos informes para fomentar la conciencia sobre el racismo y su impacto en la sociedad peruana. Recordó que recomendaciones previas del CERD instaron a Perú a intensificar las campañas de sensibilización para promover el entendimiento intercultural.
El CERD cumple la función crítica de supervisar el acatamiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, evaluar los reportes de los Estados Parte y formular recomendaciones. La ausencia del informe peruano retrasa el proceso de revisión y recomendación que podrían beneficiar al país en sus esfuerzos por asegurar la igualdad.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y sus observaciones al Perú
El CERD ha emitido preocupaciones y recomendaciones al Estado peruano en relación a la lucha contra la discriminación racial, abordando temas como la protección de los defensores de derechos humanos y la situación de migrantes, especialmente de la comunidad venezolana en Perú.
Entre los puntos críticos destacados por CERD, se encuentra la implementación del Plan Nacional de Desarrollo de la Población Afroperuana 2016-2020, la investigación insuficiente sobre las esterilizaciones forzadas de la década de los 90, y la transmisión de estereotipos raciales a través de medios de comunicación.
El CERD también ha resaltado la falta de aplicación oportuna de la consulta previa en el sector minero y la necesidad de un tercer Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso, la escasez de inspecciones laborales y la falta de datos estadísticos acerca del trabajo forzoso en el país.
Adicionalmente, el organismo ha reportado dificultades de acceso a la educación en zonas rurales y las barreras enfrentadas por refugiados y migrantes venezolanos, subrayando la necesidad de incrementar el número de intérpretes y defensores con conocimiento en lenguas originarias para facilitar el acceso a la justicia. También se mencionó el lento proceso de ratificación de convenciones internacionales contra el racismo y la discriminación racial.
Las observaciones del CERD adquieren particular relevancia en un contexto donde, según la I Encuesta Nacional de Percepciones sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-racial, publicada en 2018, más de la mitad de los encuestados perciben a la sociedad peruana como racista o muy racista. La discriminación en establecimientos del Estado y otros espacios sigue siendo una problemática significativa. Un ejemplo concreto de esto es la reciente imitación discriminatoria de un futbolista afroperuano en un programa de televisión, que evidencia la perpetuación de estereotipos raciales.
“A la fecha, CHIRAPAQ solo ha recibido comunicación por parte del Ministerio de Cultura indicando que esta entidad cumplió con remitir el año pasado la información requerida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para elaborar el informe”, comunicó la organización.
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