La JNJ defiende su autonomía y denuncia intentos de vacancia injustificada

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pronunció de luego que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobara un informe que recomienda la destitución e inhabilitación de los jueces.

La JNJ señala que el Parlamento está cuestionando una interpretación respecto a la edad máxima para la permanencia de sus miembros, pues acusa al organismo autónomo por la presencia de la doctora Inés Tello tras haber superado los 75 años de edad.

Los congresistas alcanzaron los 14 votos a favor para aprobar dicho informe, con apoyo de las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular. Solo 4 votaron en contra y hubo 2 abstenciones.

El informe, liderado por el congresista Esdras Medina, ha sido criticado, por la JNJ, debido a falta de imparcialidad. En octubre y diciembre de 2023, Medina propuso respectivamente en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y mediante una moción, la remoción de los miembros de la JNJ por razones equivalentes a las actuales, incluyendo la apertura de un procedimiento disciplinario contra la fiscal Liz Patricia Benavides Vargas.

Estas acciones han levantado preocupaciones sobre la violación al principio de imparcialidad establecido por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que ninguna persona involucrada en un proceso debería tener una opinión preconcebida sobre el mismo.

Además, se alega que el informe aprobado no cumple con el derecho a la debida motivación de los miembros de la JNJ, ya que no toma en consideración ninguno de los argumentos presentados en su defensa, que comprenden alrededor de veinte puntos entre hechos y bases legales.

La Junta Nacional de Justicia subraya su compromiso con la defensa de su autonomía y su función constitucional, enfatizando que cualquier intento de vacar a su miembro, Inés Tello de Ñecco, por razones no contempladas en la Ley Orgánica de la entidad, hubiera constituido una violación al artículo 155 de la Constitución. Este estatuto asegura un periodo de cinco años en el cargo para sus integrantes, y destaca que la acción habría representado además un delito de abuso de autoridad.

El núcleo de la controversia radica en un informe que sugería la vacancia de Tello de Ñecco y la convocatoria de un suplente, lo cual, según la JNJ, habría implicado un recorte arbitrario de su mandato. El organismo argumenta que entre las 37 condiciones establecidas para el cese y la vacancia de sus miembros, ninguna hace referencia a la edad como motivo válido. Además, proceder de tal manera habría incurrido en abuso de autoridad, subrayan desde la JNJ.

La JNJ, institución encargada de nombrar, ratificar, y sancionar a jueces y fiscales en Perú, se mantiene firme en su posición de salvaguardar no solo sus principios y autonomía, sino también el marco legal que asegura la integridad de sus miembros frente a decisiones que considera arbitrarias.