Los violadores sexuales de menores de edad “más buscados” no son capturados por la PNP: 280 están prófugos

Desde que tenía apenas seis años de edad, ‘Mila’ fue violentada sexualmente por Lucas Pezo Amaringo, su padrastro de 43 años. La menor sufrió abusos continuos hasta que resultó embarazada cuando cumplió 11. A pesar de que el Poder Judicial decretó una orden de prisión preventiva contra el agresor, a quien le correspondería cadena perpetua como pena, sigue sin ser localizado.

Pezo Amaringo fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior (Mininter), y se ofrece S/ 30. 000 para el ciudadano que ofrezca información acerca de su paradero. Pese a ello, han pasado más de seis meses desde que el acusado de violencia sexual está prófugo de la justicia, y sin ser capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP), autoridad responsable de la búsqueda de los requisitoriados.

Así como este caso, existen un total de 280 prófugos acusados de delitos de violación sexual contra menores de edad que aún no han sido capturados por las autoridades correspondientes, según el registro del Mininter de los “más buscados”, por quienes se ofrece recompensa económica para hallarlos.

En declaraciones para Infobae Perú, Elizabeth Caballero, abogada de la organización feminista Manuela Ramos explicó que es de responsabilidad de la Policía, y las diversas instancias territoriales, como la Fiscalía de la Nación, el Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y el mismo gobierno municipal, lograr la captura de los violadores de menores. Para que estos no tengan “la posibilidad de fugarse, esconderse y no recibir la sentencia. Así como de demorar la justicia que requieren las víctimas y las familiares de las víctimas”.

Caballero alerta de otro problema: el retraso de las autoridades judiciales de formalizar los pedidos de prisión preventiva y/u órdenes de captura. Amaringo, el agresor de Mila, fue arrestado brevemente el 3 de julio tras una denuncia, pero fue liberado días después debido a una valoración inicial de la petición de prisión preventiva. Esta decisión fue revocada el 16 de agosto, cuando se le dictaron nueve meses de prisión preventiva, pero para entonces, el acusado estaba no habido. Además, se informó sobre abusos hacia otra menor de la familia, hermana de Mila, de tan solo siete años de edad.

Ante ello, Caballero argumenta que el problema es que los propios operadores de justicia no tienen la formación del enfoque de género. “Al no tenerla hay muchos sesgos en procesos judiciales, al momento de dar sus veredictos o dictar las sentencias no contemplan este enfoque”, añade.

Esta problemática es responsabilidad de todos los servidores que están a cargo de la atención de víctimas de violencia, manifiesta la jurista. Por lo que hace un llamado a las diversas instancias del Estado, empezando por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de preocuparse de la capacitación que deben recibir los operadores de justicia, a fin de que todas las instancias territoriales que ven y atienden casos de violencia y abuso sexual cumplan con estos criterios para que los abusadores reciban la penalidad que le corresponde.

El impacto de estos delitos en las víctimas y sus familias es devastador, y la impunidad de los agresores solo agrava el daño. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han expresado su preocupación y exigen mayores esfuerzos y compromiso por parte de las autoridades para asegurar que estos delincuentes sean llevados ante la justicia.

Justicia lenta para víctimas de violación sexual

En Perú, durante el año en curso, se han notificado más de 21 mil casos de violencia sexual contra las mujeres, siendo las menores de edad las principales afectadas, englobando casi el 70% de estos incidentes. Este alarmante panorama revela las insuficiencias del Estado para proteger a este sector vulnerable y subraya la necesidad urgente de una acción ciudadana más efectiva.

La mayoría de estas agresiones sexuales son cometidas por personas cercanas a las víctimas, incluyendo miembros de la familia o conocidos. Esta situación pone de manifiesto no solo la prevalencia del abuso sexual en Perú, sino también los obstáculos que enfrentan las víctimas para obtener justicia y protección. Las cifras proporcionadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Programa Aurora, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), indican que 15,081 de los casos reportados afectaron directamente a niñas y adolescentes.

Existe un peligro latente para las niñas y adolescentes que violadores continúen libres. “La tasa de abuso sexual en 2023 es altísima, hay más de 80 mil de niñas y adolescentes mujeres que han sido desaparecidas, y estas alertas no son atendidas inmediatamente”, resalta. Al pasar mucho tiempo, las niñas son encontradas, pero muertas, violadas y abusadas, lamenta la abogada de Manuela Ramos.

Prevenir desde la educación

Dentro de la currícula escolar, la educación sexual integral debe ser un tópico obligatorio, sentencia Caballero. “Es obligatorio contar con ese tipo de asignaturas, y de formación para todos y todas. Desde inicial hasta el nivel universitario, incluyendo a los que está viendo los grados en el proceso de formación docente, personal administrativo, padre de familia para poder reducir la violencia”.

La violencia sexual abarca una gama de actos indeseables que van desde los tocamientos indebidos hasta la violación, siendo una manifestación extrema de la violencia de género. Susana Chávez, presidenta del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), enfatiza que este tipo de violencia es no solo ampliamente practicada, sino también notablemente subreportada. Las implicaciones de estos actos son profundas, afectando la integridad y la dignidad de las personas.