La economía ilegal ha estado presente en el Perú desde hace largos años, sobre todo el narcotráfico. En los últimos años, se ha evidenciado un crecimiento en otras actividades económicas ilícitas como la minería ilegal y la trata de personas.
De acuerdo con la socióloga Maritza Paredes, las economías ilegales entrelazan a actores criminales y legales, creando un sistema de legitimación para lavar ingresos y acumular capital con el fin de financiar su expansión.
Aunque resulta complejo cuantificar el alcance de estas economías ilegales, un método para acercarse a su impacto es a través de las percepciones de la población sobre cómo estas actividades afectan su entorno directo.
Una reciente encuesta a nivel nacional realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas son percibidos como los principales flagelos. Sin embargo, esta percepción varía considerablemente cuando se analiza por regiones.
Por ejemplo, en Lima, el narcotráfico y la minería ilegal son vistos como las mayores problemáticas a nivel nacional, mientras que la trata de personas es considerada como el mayor problema en la capital. En el norte del país, las preocupaciones son similares a las de Lima, pero la minería ilegal ocupa un lugar más destacado en cuanto a los problemas regionales.
La minería ilegal genera pérdidas al Perú por más de S/22.700 millones al año, lo que equivale al 2,5% del producto bruto interno (PBI). Además, mueve más recursos económicos que el narcotráfico y pone en peligro la seguridad nacional, la biodiversidad, el ambiente, los derechos humanos y la vida de los ciudadanos. Estos resultados los arroja un estudio a cargo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Por otro lado, en la región amazónica, si bien el narcotráfico sigue siendo visto como el mayor problema nacional, la tala ilegal se identifica como el principal desafío local.
Para la investigadora principal del IEP, Patricia Zárate, aunque es difícil abordar en profundidad la complejidad de cada economía ilegal a través de una encuesta, este tipo de estudios ofrece una perspectiva valiosa sobre cómo estas actividades ilícitas afectan la estructura social, económica y política de las diversas regiones del país.
Este enfoque regionalizado ayuda a comprender mejor las dinámicas locales y puede orientar de manera más efectiva las políticas y estrategias de intervención.
El narcotráfico y la minería ilegal son las principales economías ilegales identificadas por los encuestados, salvo en el caso de la capital, donde es la trata de personas la economía que se coloca en primer lugar.
Las actividades ilegales resaltadas en la encuesta son:
- Narcotráfico
- Minería ilegal
- Trata de personas
- Contrabando
- Tala Ilegal
El mencionado estudio revela que el 28% del total de encuestados considera que el narcotráfico es la economía ilegal que más afecta al país, seguido de la minería ilegal (24%) y la trata de personas (23%). En niveles socioeconómicos medios y altos y entre personas de 25 años a más, el narcotráfico es la principal economía ilegal.
Más del 80% de encuestados considera que estas economías ilegales afectan mucho al país. Esta valoración se incrementa entre los residentes de Lima Metropolitana y personas de nivel socioeconómico C.
En el desagregado, el 24% de los encuestados que viven fuera de Lima, considera que la minería ilegal es la que más afecta a su región, principalmente en el norte donde la cifra llega a 29%, así como en el sur (27%) del país.
El 29% de los encuestados que viven en Lima considera que la trata de personas es la economía ilegal que más afecta a la capital, porcentaje similar a quienes señalan el narcotráfico. Este 29% aumenta a 36% en los hombres. Por otro lado, más del 80% considera que la trata de personas, el narcotráfico y el contrabando afectan mucho a Lima. Esta percepción se incrementa entre las mujeres.
El sondeo tuvo una metodología de encuesta telefónica que utiliza Estudios de Opinión del IEP. Se entrevistó a 1208 personas en 24 departamentos, 154 provincias y 443 distritos del país.
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