Un mes después de ser liberado de la cárcel de Barbadillo, donde cumplía una pena de 25 años por delitos contra los derechos humanos, el exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) acudió el último miércoles 03 de enero a una oficina del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para actualizar su domicilio en su documento de identidad.
En una entrevista difundida por RPP, Elio Riera, defensa legal del octogenario, detalló que el proceso fue realizado mediante la presentación de un recibo de luz en una oficina del organismo ubicada en San Borja, donde radica la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a cuya casa se dirigió el exautócrata al salir de la cárcel.
“En líneas generales, se ha seguido el procedimiento regular, como cualquier ciudadano, tal cual se ha podido advertir; haciendo la cola respectiva y siguiendo las pautas establecidas por ley”, detalló.
Fujimori, quien tenía una residencia en La Molina, acudió con un balón de oxígeno a la sede de Reniec, fue aplaudido por simpatizantes y se retiró sin brindar declaraciones en un auto que lo trasladó a la vivienda de su hija, acusada de lavado de activos por presuntos aportes ilícitos a su partido en las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Perú no ponerlo en libertad, abandonó las rejas en diciembre pasado en cumplimiento de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que restituyó los efectos del indulto otorgado en 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.
“Vamos a responder con las armas de derecho nacional e internacional, y vamos a explicar las razones del Estado peruano por las cuales hemos tomado la decisión que se ha adoptado. Creemos que estas decisiones están ajustadas a la Constitución, a la ley y a los tratados internacionales”, remarcó el titular.
“Desde luego, no es el momento para poder explicarlo, pero tenemos plazo hasta el 4 de marzo del 2024 para poder expresar la respuesta. Todo este mecanismo de pedir información es solo con el propósito para tener los elementos de juicio para responder a la Corte IDH”, añadió.
Arana también afirmó que la gracia otorgada al exdictador es un tema concluido para el Gobierno y ya “no se ha vuelto a tocar” en los Consejos de Ministros que preside la jefa de Estado, Dina Boluarte.
El exdictador aún tiene pendiente enfrentar un proceso judicial por la matanza de Pativilca, un caso por el que la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad pidió 18 meses de detención domiciliaria en su contra frente al peligro procesal, de fuga u obstaculización de la justicia.
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