El Pleno del Congreso aprobó en primera votación la creación de una “comisión de Alto Nivel” para proponer reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que incluye un cuestionado artículo para que el Gobierno evalúe denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos en caso las propuestas formuladas no reciban alguna respuesta por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Presentadas las propuestas de reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), si en un plazo de 180 días calendario no se implementan o se recibe una respuesta satisfactoria, el Poder Ejecutivo deberá evaluar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme a sus facultades constitucionales por convenir al interés nacional”, fue el artículo que se agregó a último momento a pedido de Alejandro Muñante.
Es decir, si la OEA decide desestimar las recomendaciones de “comisión de Alto Nivel”, el Gobierno de turno tendrá que decidir si inicia el procedimiento para el retiro del Estado peruano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como de la Corte Interamericana.
El proyecto fue aprobado con 68 votos a favor y 38 en contra. Durante el debate, parlamentarios advirtieron que el Congreso estaría intentando imponerse sobre la facultad constitucional del presidente de la República de dirigir la política exterior del Perú.
¿Quiénes integrarían la comisión?
De acuerdo con el texto aprobado en primera votación, la “comisión de Alto Nivel” estaría conformada por el ministro de Relaciones Exteriores (presidiría la comisión), el presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el defensor del Pueblo y el ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Ellos tendrían la tarea de “elaborar un diagnóstico situacional sobre la organización y funciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su relación con el Estado peruano”. Además, formularían propuestas de reforma de la Convención Americana, así como de los reglamentos y estatutos de la CIDH y la Corte IDH.
Durante el debate en el Pleno, congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Acción Popular aseguraron que los órganos del SIDH estarían “ideologizados” y “politizados” por haber fallado en contra del Estado peruano.
Más acciones
En la agenda del Pleno del Congreso también se encuentra una moción de orden del día de la congresista Rosselli Amuruz para exhortar a la presidenta Dina Boluarte a “adoptar las medidas urgentes ante la OEA” como la suspensión del pago de la cuota para el fondo regular del referido organismo internacional.
Amuruz también pide que se le requiera a la mandataria llevar a la Asamblea General de la OEA una propuesta para que “se impida el financiamiento del SIDH con aportes de Organizaciones No Gubernamentales, con la finalidad de garantizar la neutralidad e imparcialidad en las decisiones sobre los Estados de la región”.
“En Asamblea General de la OEA, pedir una nueva reestructuración de los acuerdos bajo el principio de la proporcionalidad e impedir a los Estados que no son parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos - Pacto de San José-, participen en elecciones de Jueces de la Corte IDH y Comisionados de Comisión IDH, reestructurando el sistema de votaciones, conforme a las reglas establecidas en el artículo 7 del estatuto de la Corte IDH”, agrega la congresista.
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